By lapatilla.com
La Corte Penal Internacional (CPI), reconocida como una de las principales instituciones en la lucha contra los crímenes internacionales, enfrenta un nuevo desafío ético y administrativo. Este día, la Sala de Apelaciones de la CPI, junto con la Secretaría de Órganos Disciplinarios y el Mecanismo Independiente de Supervisión, acusaron recibo de una nueva denuncia formal presentada por Robert Carmona-Borjas, quien actúa en calidad de víctima registrada por la CPI y en representación de la Fundación Arcadia.
La denuncia está dirigida contra el Registrador Osvaldo Zavala Giler, ciudadano ecuatoriano, por presuntas irregularidades éticas y procedimentales en la administración de la Situación Venezuela I.
Este hecho se produce en un contexto de crecientes críticas hacia la CPI por la falta de avances significativos en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de la abundante evidencia, la investigación no ha sido elevada a un caso formal, lo que ha generado descontento entre las víctimas.
UNA DENUNCIA DISTINTA Y URGENTE
El documento presentado por Arcadia Foundation, titulado “Brechas Éticas y Procedimentales del Registrador en la Situación Venezuela I “, señala graves omisiones administrativas por parte de Zavala Giler. Entre los aspectos destacados se incluyen:
- Conflictos de interés no abordados: El Registrador habría registrado la designación de Venkateswari Alagendra como abogada para el régimen venezolano, pese a sus vínculos familiares, profesionales y de subordinación profesional con el fiscal jefe Karim Khan, lo que contraviene las normas éticas de la CPI.
- Falta de diligencia en el procesamiento de denuncias: Una denuncia previa presentada por la Fundación Arcadia el 10 de septiembre de 2024 al Registrador, con la solicitud de que éste la remitiera a la Oficina del Consejero Independiente para Asuntos Éticos de la CPI, señalaba transgresiones a los Códigos de Conducta Ética de la Oficina del Fiscal y Conducta Ética Profesional para Abogados, debido a conflictos de interés relacionados con el Fiscal Karim Khan y Venkateswari Alagendra. Sin embargo, dicha denuncia hasta el día de hoy ha sido ignorada durante meses por la oficina del Registrador.
- Omisiones en el cumplimiento de normas internacionales: Según la denuncia, Zavala Giler no aplicó los estándares de transparencia y neutralidad requeridos por el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI en varias actuaciones adicionales.
Esta denuncia, aunque distinta a las denuncias anteriores hechas por Arcadia, está intrínsecamente vinculada a la recusación presentada contra el Fiscal Karim Khan, cuyo tratamiento se encuentra bajo revisión de la misma Cámara de Apelaciones desde 12 de noviembre de 2024. Robert Carmona-Borjas subraya que ambos procesos reflejan graves fallos estructurales en los procedimientos de la CPI que ponen en riesgo la credibilidad de la institución.
LA SITUACIÓN VENEZUELA I Y EL CLAMOR DE LAS VÍCTIMAS
La Situación Venezuela I, iniciada en 2018, se centra en las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y persecución política. A pesar de los extensos informes presentados por organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos, el Fiscal Khan no ha elevado la investigación al nivel de caso formal, lo que ha generado críticas entre las víctimas y sus representantes.
El retraso en este proceso, combinado con las denuncias de favoritismo y negligencia ética, ha aumentado la percepción de parcialidad en la CPI. Para las víctimas, la demora perpetúa la impunidad, mientras que los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúan operando sin consecuencias.
EL IMPACTO DE LA DENUNCIA
La recepción de la denuncia por parte de la CPI fue confirmada hoy mediante múltiples acuses oficiales:
- Cámara de Apelaciones: Confirmó haber recibido el documento el 13 de enero de 2025. Este paso asegura que las acusaciones serán revisadas por los más altos niveles judiciales dentro de la CPI.
- Mecanismo Independiente de Supervisión (IOM): También ha acusado recibo de una solicitud para investigar las fallas administrativas y éticas relacionadas con Zavala Giler.
- Secretariado de Órganos Disciplinarios: Ha asegurado que la denuncia será remitida a la Comisión correspondiente para un análisis exhaustivo.
Implicaciones Globales y Credibilidad de la CPI
En un documento entregado la semana pasada por Robert Carmona-Borjas al presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Mike Johnson, se destacó el doble estándar con el que opera la Fiscalía de la Corte Penal Internacional bajo la dirección de Karim Khan. El documento señala cómo, en casos como el del primer ministro Benjamín Netanyahu, el Fiscal actuó con celeridad y sin siquiera tomar en cuenta la existencia de sistemas judiciales nacionales funcionales que han merecido el respeto del mundo, mientras que en la Situación Venezuela I, donde el poder judicial y otras instituciones están completamente cooptadas por el régimen de Nicolás Maduro, el Fiscal continúa apelando a la “complementariedad positiva”. Esto ocurre a pesar de la evidente escalada de persecución y violencia contra quienes disienten del régimen, lo que pone en duda la voluntad y capacidad de las autoridades nacionales para llevar a cabo investigaciones genuinas.
Esta dicotomía resalta un problema sistémico que va más allá de la Situación Venezuela I. La inacción en contextos donde los sistemas nacionales son manifiestamente inoperantes y la prontitud en otros casos generan dudas profundas sobre la imparcialidad y la eficacia de la CPI. Estas prácticas no solo erosionan la confianza pública en la institución, sino que también plantean interrogantes críticas sobre su capacidad para cumplir su mandato como árbitro imparcial en la justicia internacional.
EL PAPEL DEL SPEAKER MIKE JOHNSON Y LAS SANCIONES PROPUESTAS
El Speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha respaldado el viernes pasado un proyecto de ley que propone sanciones dirigidas no solo al Fiscal Karim Khan, sino también a otros altos funcionarios de la CPI. Este movimiento legislativo subraya el compromiso de los Estados Unidos de exigir responsabilidades y garantizar que los organismos internacionales cumplan con los estándares más altos de transparencia y equidad.
PRÓXIMOS PASOS Y EXPECTATIVAS
La Fundación Arcadia insta a la Corte Penal Internacional (CPI) a actuar con urgencia para abordar las fallas éticas y administrativas señaladas en su reciente denuncia. El tiempo es crítico no solo para restaurar la confianza de las víctimas, sino también para asegurar que la comunidad internacional mantenga su fe en la imparcialidad y eficacia de la CPI. Las acciones solicitadas incluyen las siguientes:
- AUDITORÍA FORENSE INTEGRAL DE LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DEL REGISTRADOR:
Dada la afirmación del Registrador de que no recibió la denuncia enviada el 10 de septiembre de 2024, la Fundación solicita una auditoría forense exhaustiva de los servidores de correo electrónico y sistemas de respaldo de la CPI. Este análisis técnico debe establecer si el correo fue recibido, procesado, eliminado o alterado, y evaluar si la respuesta del Registrador se dio de buena fe o si hubo negligencia intencional.
- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE VENKATESWARI ALAGENDRA:
Debido a los cuestionamientos éticos en torno a su nombramiento como abogada en la Situación Venezuela I, la Fundación Arcadia solicita su suspensión inmediata mientras se evalúa el impacto de su participación en la imparcialidad de las investigaciones. Esto permitirá prevenir cualquier posible conflicto de intereses que comprometa la integridad del proceso.
- MEDIDAS DISCIPLINARIAS CONTRA EL REGISTRADOR OSVALDO ZAVALA GILER:
En caso de que la auditoría confirme la negligencia o mala praxis por parte del Registrador, se exige la implementación de sanciones disciplinarias conforme a las normas del Estatuto de Roma y los códigos éticos de la CPI. Esto incluye acciones correctivas para fortalecer la supervisión administrativa y prevenir futuras irregularidades.
Estas medidas buscan no solo resolver las fallas actuales, sino también establecer un precedente de transparencia y responsabilidad dentro de la CPI. La Fundación Arcadia subraya la necesidad de que la Cámara de Apelaciones adopte un enfoque firme y decisivo para garantizar que las víctimas sean escuchadas y que se protejan los estándares éticos y jurídicos de la institución.
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