La estrategia de la defensa de Nicolás Maduro ante la justicia federal de Estados Unidos ha reavivado una de las polémicas más sensibles sobre el aparato de control político en Venezuela: la verdadera naturaleza de los llamados “colectivos” chavistas. Mientras los abogados del exmandatario intentan presentarlos en Nueva York como agrupaciones civiles inofensivas dedicadas a la cultura, el deporte y la ecología, décadas de denuncias documentadas por organismos internacionales los señalan como grupos parapoliciales armados ejecutores de la represión estatal.
El choque de narrativas quedó expuesto tras revelarse que la defensa incorporó en sus anexos judiciales un artículo propagandístico publicado en 2014 por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Según el reporte de NTN24, dicho texto sostiene que los colectivos trabajan para ampliar derechos constitucionales, promueven la solidaridad y no infunden miedo ni cometen delitos. Con ello, los defensores buscan desmontar el argumento de la Fiscalía estadounidense que los cataloga como estructuras criminales vinculadas al poder.
De la labor comunitaria al brazo armado
Para comprender esta dualidad, expertos y reportes periodísticos recuerdan el origen de estas agrupaciones. Nacidos a partir de los Círculos Bolivarianos impulsados por Hugo Chávez a inicios de los años 2000, algunos colectivos efectivamente mantienen actividades sociales en barriadas populares —como el emblemático sector 23 de Enero en Caracas—, donde gestionan panaderías, huertos urbanos o reparto de alimentos.
Sin embargo, como ha documentado BBC News Mundo, por encima de cualquier actividad comunitaria, su prioridad declarada es la “defensa armada” de la revolución bolivariana, operando bajo una lógica de control territorial absoluto. En el análisis difundido por NTN24, esta estructura es comparada con fuerzas irregulares históricas de otras dictaduras de la región, como los Batallones de la Dignidad de Manuel Noriega en Panamá o los Tonton Macoute de la familia Duvalier en Haití: bandas creadas para ejecutar el trabajo sucio de persecución sin que las fuerzas armadas regulares asuman directamente el costo político ante la comunidad internacional.
Las tácticas del amedrentamiento
Lejos de la imagen pacífica que intenta proyectar el equipo legal en Nueva York, informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como Human Rights Watch han sistematizado los métodos mediante los cuales estos grupos de choque someten a la población opositora:
- Caravanas motorizadas y fuego real: Su táctica más reconocible consiste en irrumpir en manifestaciones pacíficas a bordo de motocicletas, con los rostros cubiertos y portando armas de fuego de uso militar. En estas incursiones disparan al aire o directamente contra los asistentes para disolver las protestas mediante el pánico.
- Simbiosis con fuerzas de seguridad: El criminólogo y experto en delincuencia organizada Luis Izquiel subrayó en el programa La Tarde de NTN24 que estos grupos fueron financiados desde el Estado y operan en estrecha coordinación con cuerpos policiales como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional. En numerosas jornadas de protesta, los uniformados abren paso a los colectivos o se retiran deliberadamente para permitirles golpear, robar y detener ilegalmente a ciudadanos con total impunidad.
- Ataques a la prensa e instituciones: Los colectivos han sido protagonistas de agresiones contra periodistas independientes, confiscación de equipos y asedios a sedes de medios de comunicación. Asimismo, ejecutaron ataques contra instituciones democráticas, entre los que destaca el violento asalto al Palacio Federal Legislativo en 2017, donde golpearon a diputados de mayoría opositora.
- Vigilancia y extorsión alimentaria: Dentro de las zonas populares, su presencia se traduce en alcabalas clandestinas, intimidación vecinal y delación contra quienes participan en movilizaciones políticas. Además, ejercen un férreo control social condicionando la entrega de beneficios estatales —como las cajas de alimentos subsidiados (CLAP)— a la lealtad política, castigando con amenazas o expulsiones de la comunidad a los disidentes.
Un aparato represivo que persiste
Para el criminólogo Luis Izquiel, la tesis de que los colectivos son grupos inofensivos “no tiene ningún asidero” frente a la montaña de expedientes acumulados por organismos nacionales e internacionales que confirman su rol para perseguir, golpear y asesinar a opositores.
La vigencia de esta amenaza quedó ratificada en septiembre de 2026, cuando la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió que, incluso meses después de la captura de Nicolás Maduro en enero de ese año, la maquinaria represiva de los colectivos permanece intacta en Venezuela, continuando sus labores de vigilancia e intimidación impune contra la sociedad civil.


