Alrededor de las 2:30 de la madrugada del sábado 14 de noviembre, el silencio residencial del sector de Brisas del Golf, en el distrito panameño de San Miguelito, fue quebrado por una detonación. Un individuo descendió de un taxi con una mochila en el pecho y lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa. El estallido desató un incendio que calcinó dos vehículos estacionados en el garaje y causó severos daños en la estructura de la propiedad.
Aunque Rodríguez se encontraba fuera de la ciudad al momento del ataque, su esposa, Nadia, dormía en el interior de la casa junto a sus mascotas. Despertada por el estruendo y el humo, logró escapar ilesa atravesando la zona cercana a las llamas, según reconstruyó el medio panameño Ellas. Tras el análisis de las cámaras de seguridad vecinales, la Policía Nacional capturó el domingo al primer sospechoso vinculado con el taxi utilizado en la operación, mientras la Fiscalía Superior de San Miguelito adelanta la causa por el delito contra la seguridad colectiva.
La pista financiera: la red de los hermanos Carretero Napolitano
Más allá del impacto físico, el atentado apunta directamente al corazón de una investigación periodística de alcance transfronterizo. Como reportó inicialmente NTN24, la agresión ocurrió apenas horas antes de que Rodríguez publicara nuevas revelaciones sobre presuntas operaciones de lavado de dinero, contrataciones públicas y redes financieras que conectan a empresarios panameños con los regímenes de Venezuela y Cuba.
El foco de estas pesquisas recae sobre los hermanos Ramón, Roberto y Vicente Carretero Napolitano. Rodríguez integra la alianza periodística coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto a Armando.info, Diario de Cuba y Transparencia Venezuela, responsable de la serie investigativa Negocios de Familia.
Dicho trabajo documentó cómo este grupo empresarial consolidó un triángulo comercial entre Panamá, Caracas y La Habana:
- Nexos con el poder en Cuba y Venezuela: Registros aeronáuticos y mercantiles expusieron que Ramón Carretero compartió vuelos privados con el entorno familiar de Raúl Castro y suscribió contratos multimillonarios con el gobierno de Nicolás Maduro.
- Esquemas de sobreprecios y petróleo: Según recopiló Martí Noticias, sociedades vinculadas a los Carretero vendieron mercancías a entidades estatales cubanas con sobreprecios de hasta el 324 % y emplearon empresas de papel en Asia para movilizar cargamentos de crudo venezolano cuyo destino final se desviaba en alta mar.
El reportaje en curso y las advertencias previas
En los días previos al atentado, Rodríguez trabajaba en una nueva entrega centrada específicamente en las operaciones locales de Roberto Carretero Napolitano —quien ya cuenta con una condena previa por malversación de fondos— y sus vínculos con exfuncionarios y millonarios contratos de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) a través de la firma Inversionistas de Construcción (Iverco).
La cronología de los hechos revela una escalada de presión legal antes de la violencia física. Tras recibir las solicitudes de derecho a réplica enviadas por el periodista, la abogada de Roberto Carretero remitió el viernes una carta a La Prensa advirtiendo sobre supuestas afectaciones a la honra de su representado, un gesto que el entorno editorial interpretó como una advertencia para frenar la publicación. Este episodio se sumaba a una serie de querellas penales por injuria y calumnia interpuestas previamente por Ramón y Vicente Carretero contra los periodistas y medios de la alianza, reclamos que buscaban indemnizaciones millonarias y que fueron archivados por la Fiscalía panameña por falta de pruebas.
El efecto búmeran: 33 medios publican la investigación
El intento de silenciar la pesquisa provocó el efecto contrario. En respuesta al ataque —calificado por el presidente de Corporación La Prensa, Jorge Molina, como un «acto terrorista» y condenado enérgicamente por el mandatario panameño José Raúl Mulino y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)—, una coalición de 33 medios de comunicación de 15 países, entre ellos IDL-Reporteros y Convoca, decidieron publicar de manera simultánea el reportaje titulado Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos.
«Hasta ahora las cosas se habían dirimido en juzgados; la persona que hizo este cobarde atentado ha querido ser juez y verdugo», advirtió Rodríguez en rueda de prensa, subrayando que el ataque en San Miguelito busca imponer la autocensura sobre quienes rastrean el flujo de capitales ilícitos en la región.


