By Desde que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en enero de 2026, el círculo que aún controla las instituciones venezolanas —encabezado por Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, la presidenta encargada— se enfrenta a la mayor presión externa de los últimos 27 años. Las conversaciones que comenzaron el 6 de agosto en Caracas no representan, desde su perspectiva, el inicio de una transición democrática, sino una operación de gestión de crisis diseñada para preservar el poder real bajo una coacción extrema. Así lo revela el análisis de fondo publicado por The Economist y recogido en español por Infobae.
La participación del régimen no nace de ninguna convicción democrática. Es una respuesta pragmática a dos realidades ineludibles: el control estadounidense sobre la totalidad de los ingresos petroleros venezolanos —más de 14.000 millones de dólares en lo que va de 2026— y la amenaza militar latente que quedó demostrada con la operación de enero. Todos los desembolsos al gobierno de Caracas requieren, en última instancia, la aprobación del secretario de Estado Marco Rubio. En este escenario, sentarse a la mesa se convierte en la única forma de administrar un conflicto bilateral prolongado con Washington y de intentar recuperar oxígeno económico.
El objetivo central no es entregar el poder, sino levantamiento de sanciones, acceso a activos congelados —como las reservas de oro en el Banco de Inglaterra— y legitimación parcial ante la administración Trump. Incluir la ayuda a las víctimas de los recientes terremotos en la agenda oficial resulta funcional: permite hablar de fondos extraterritoriales sin tocar el núcleo del control institucional. Las reformas al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia se aceptan solo en la medida en que el régimen conserve influencia decisiva sobre los nombramientos. La historia de al menos ocho diálogos formales desde 1999 demuestra que las “concesiones” anteriores terminaron neutralizadas una vez pasada la presión del momento.
Desde esta lógica de supervivencia, la exclusión de María Corina Machado no es un problema: es una ventaja estratégica. Su ausencia —decidida en buena medida por Estados Unidos— debilita la legitimidad de la oposición y reduce la capacidad de movilización popular. Negociar con Dinorah Figuera y un grupo de diputados de la Asamblea de 2015 resulta más manejable que enfrentarse a la figura con mayor apoyo público. Al mismo tiempo, el régimen observa con atención las divisiones internas que esta decisión ha generado en el campo opositor, un clásico recurso de dilación que ya ha utilizado en el pasado.
Las líneas rojas son claras. El calendario electoral debe diluirse: preferir comicios regionales primero para retrasar cualquier presidencial. Las garantías de impunidad para quienes pierdan el poder constituyen el punto más sensible. Si Delcy Rodríguez y su círculo íntimo perciben que una derrota electoral implica cárcel por los delitos acumulados durante décadas, bloquearán cualquier avance sustancial. El régimen apuesta a que la administración Trump —cuyo presidente ha elogiado públicamente el “trabajo fantástico” de Delcy— priorice la estabilidad, el petróleo y la cooperación en seguridad por encima de una transición limpia y completa.
Las tácticas son las de siempre: ganar tiempo con plazos formales que luego se reinterpretan, aceptar declaraciones conjuntas que suenan bien en Washington y mantener el control de las instituciones de seguridad mientras se negocia. Voces internas como la de Elías Jaua, que acusa a Delcy de actuar como “gobernadora colonial”, sirven incluso para justificar lentitud o endurecimiento. El éxito, desde esta óptica, no se mide por el grado de democratización alcanzado, sino por cuánto se puede ceder en apariencia sin perder la capacidad real de decidir.
Las conversaciones de agosto de 2026 son, por tanto, una concesión táctica forzada, no una rendición. El chavismo residual entra a la mesa con la experiencia de haber sobrevivido a múltiples procesos de diálogo anteriores. Su apuesta es convertir la presión extraordinaria de Estados Unidos en un mecanismo de “conflicto gestionado” que le permita mantener el control de las instituciones clave, diluir la exigencia democrática y, en el mejor de los escenarios, lograr un esquema de elecciones controladas o aplazadas donde conserve cuotas de poder e impunidad. La variable decisiva no es la buena fe del régimen —históricamente inexistente cuando se trata de soltar el poder—, sino hasta dónde están dispuestos Donald Trump y Marco Rubio a ejercer realmente el apalancamiento financiero y militar que ya poseen.
