By Existe una narrativa que se ha repetido mucho en determinados círculos políticos, académicos y mediáticos, ha terminado adquiriendo apariencia de verdad; «Venezuela no está preparada para unas elecciones». La frase suele presentarse como una conclusión técnica, cuando en realidad constituye una simplificación de una crisis mucho más compleja. El problema venezolano a pesar de los sucesivos fraudes y manipulación del voto, nunca ha sido exclusivamente electoral. Ha sido, y continúa siendo, un problema de poder, de institucionalidad y sobre todo, de control del Estado.
Por: Antonio García Ezcurra
Los venezolanos ya demostraron que están preparados para elegir, lo hicieron una vez más el 28 de julio de 2024, cuando millones de ciudadanos acudieron a las urnas convencidos de que el voto seguía siendo el instrumento legítimo para expresar la soberanía popular. Aquella jornada confirmó la existencia de una ciudadanía comprometida con la democracia y de una capacidad operativa para desarrollar un proceso electoral. El debate posterior no giró en torno a la posibilidad material de votar, sino sobre una cuestión mucho más trascendental; si la voluntad expresada por los ciudadanos sería respetada por quienes ejercían efectivamente el poder.
Esa diferencia no es menor, ya que una cosa es organizar una elección; otra muy distinta es garantizar que sus resultados produzcan una transferencia real del poder político. Robert Dahl advertía que una democracia no se define únicamente por la existencia de elecciones, sino por la posibilidad efectiva de que la voluntad ciudadana determine quién gobierna. Cuando esa condición desaparece, la elección pierde parte de su función democrática y se convierte en un mecanismo insuficiente para resolver la disputa por el poder.
Precisamente allí reside el error de buena parte del debate internacional sobre Venezuela. Durante años se ha insistido en discutir calendarios electorales, observación internacional y condiciones de votación, mientras el verdadero núcleo del problema permanecía prácticamente intacto. La crisis venezolana no puede entenderse únicamente desde la ciencia política electoral, debe analizarse también desde la teoría del Estado, la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática.
El Estado moderno y el monopolio de la fuerza
El Estado moderno descansa sobre un principio esencial formulado por Max Weber: “el monopolio legítimo de la fuerza”. Dicho monopolio no constituye un privilegio del gobierno de turno; pertenece al Estado y se ejerce conforme a la Constitución mediante instituciones profesionales encargadas de garantizar la seguridad, el orden público y la defensa nacional. Cuando esas instituciones dejan de responder prioritariamente al interés general y comienzan a actuar al servicio de un proyecto político, el Estado de derecho inicia un proceso de degradación progresiva. Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en Venezuela durante las últimas dos décadas. La crisis no comenzó con un conflicto electoral ni terminará únicamente mediante una nueva elección, debido a que el deterioro institucional ha sido el resultado de un proceso prolongado de captura del aparato estatal, especialmente de aquellas instituciones responsables de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, es decir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de inteligencia y los cuerpos policiales, quienes han sido progresivamente capturados institucionalmente en un periodo que abarca poco más de dos décadas.
Sin embargo, incluso esa explicación resulta hoy insuficiente. Hablar únicamente de “captura institucional” describe el fenómeno, pero no alcanza a explicar su verdadera dimensión. Lo ocurrido en Venezuela ha evolucionado hacia un modelo mucho más complejo que trasciende el autoritarismo clásico y obliga a incorporar nuevas categorías analíticas.
Más que un Estado simplemente capturado, Venezuela presenta rasgos propios de un sistema de gobernanza híbrida, donde las instituciones formales coexisten con redes informales de poder político, económico, militar y criminal, los cuales interactúan, se protegen mutuamente y condicionan el funcionamiento del propio Estado. Bajo este modelo, determinadas organizaciones dejan de actuar únicamente al margen de la ley para convertirse en componentes funcionales del sistema de poder.
La gobernanza híbrida representa una amenaza y supone una transformación profunda del Estado.
Ya no se trata únicamente de corrupción administrativa, ni exclusivamente de autoritarismo político. Se configura un entramado donde actores estatales, redes económicas ilícitas, estructuras de seguridad y organizaciones criminales desarrollan relaciones de cooperación que terminan alterando la naturaleza misma de las instituciones públicas, trayendo como consecuencia, que el Estado deja de actuar plenamente conforme al principio de legalidad y comienza a responder, en determinados ámbitos, a intereses paralelos que compiten con el orden constitucional.
Comprender esta transformación resulta indispensable para interpretar correctamente la crisis venezolana. Por consiguiente, mientras el debate continúe centrado exclusivamente en la celebración de elecciones, permanecerá sin respuesta la pregunta esencial: ¿quién controla realmente el poder coercitivo del Estado y bajo qué principios lo ejerce? Responder esa pregunta constituye el punto de partida para cualquier transición democrática sería. Porque las elecciones pueden renovar gobiernos, pero solo la reconstrucción institucional puede recuperar el Estado.
Del cambio de gobierno a la reconstrucción del Estado
Si el objetivo de la comunidad internacional, en especial de los Estados Unidos de América, consiste realmente en facilitar una transición democrática en Venezuela, seguida de elecciones libres y de un proceso estable de gobernabilidad, entonces existe un aspecto que no puede permanecer relegado a un segundo plano: la recuperación del monopolio legítimo de la fuerza y la reconstrucción del sector seguridad.
Toda transición democrática implica una redistribución del poder político. Sin embargo, cuando ese poder ha permanecido durante años sostenido por instituciones progresivamente capturadas, la mera celebración de elecciones resulta insuficiente para garantizar la estabilidad del nuevo orden. Ejemplos históricos demuestran que numerosas transiciones han fracasado no por ausencia de legitimidad electoral, sino porque las estructuras coercitivas del Estado permanecieron intactas o continuaron respondiendo a centros de poder distintos de las nuevas autoridades democráticas.
Por ello, la discusión sobre Venezuela no puede limitarse a quién gobernará el país, mediante elecciones, debe responder, además, una pregunta mucho más importante: ¿cómo garantizar que el Estado vuelva a responder exclusivamente a la Constitución y no a intereses políticos, económicos o criminales? La respuesta exige una profunda reforma del sector seguridad, creando las condiciones de gobernabilidad. Ello supone recuperar el carácter profesional de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales, revisar sus doctrinas de empleo, fortalecer los mecanismos de control civil democrático y restablecer el principio constitucional según el cual las instituciones armadas sirven a la Nación y no a un proyecto político determinado.
Esta afirmación merece una precisión que con frecuencia se omite en el debate público, debido a que se trata de todo militar profesional, es por definición, un servidor público. Su misión consiste en ejecutar políticas públicas de seguridad y defensa aprobadas por autoridades civiles legítimamente constituidas. Ello convierte a la institución militar en un actor del Estado, pero nunca en un actor político-partidista, citando los artículos 328 y 330 de la Constitución de Venezuela, que claramente lo establecen. Artículo 328,. citó: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley.
En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación.
La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica” y el artículo 330, que cita: “Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”.
Existe una diferencia fundamental entre ser un actor político y ser un actor partidista. Toda institución del Estado participa en la ejecución de políticas públicas y, en ese sentido, desarrolla una función política en el sentido clásico del término: sirve al interés general. Pero esa responsabilidad desaparece cuando la institución abandona su neutralidad constitucional y comienza a identificarse con un proyecto ideológico o con un grupo determinado.
Precisamente por esa razón, la participación de militares institucionales retirados adversos al régimen de facto, dentro de un eventual proceso de transición, cuando se inicié de verdad, no constituye una anomalía democrática, por el contrario, representa una necesidad estratégica. Son ellos quienes conocen el funcionamiento interno de la organización militar, sus capacidades, sus debilidades, sus procedimientos de mando y las reformas indispensables para devolverle su naturaleza profesional, muy especialmente un sector castrense en retiro que tránsito su carrera entre las Fuerzas Armadas Nacionales, de antes de 1999 y la Fuerza Armada Nacional, de al menos buena parte de estos últimos veintisiete años de captura y destrucción institucional.
Estos profesionales con perfiles y características específicas demostradas en sus iniciativas en pro de la reinstitucionalización de la FAN, y la recuperación de la democracia, deberán contar con una claridad institucional del sector defensa y con conocimiento del proceso gradual de captura de la institución. Su incorporación no implica militarizar la política, todo lo contrario, significa aprovechar un conocimiento técnico indispensable para reconstruir
instituciones cuya misión será garantizar la estabilidad democrática durante las próximas décadas.
Junto a esa reforma institucional deberá desarrollarse un proceso serio de justicia transicional. La experiencia internacional demuestra que ninguna democracia puede consolidarse sobre la impunidad, pero tampoco sobre la aplicación indiscriminada de responsabilidades colectivas.
Primera condición indispensable: diferenciar
No todos los funcionarios públicos, policías o militares poseen el mismo grado de responsabilidad jurídica ni moral. Existe una diferencia evidente entre quienes simplemente desempeñaron funciones institucionales y quienes participaron activamente en violaciones graves de derechos humanos, narcotráfico, corrupción sistémica, terrorismo o delincuencia organizada. La diferenciación constituye, precisamente, el fundamento de toda justicia transicional legítima.
A partir de esa distinción será posible desarrollar procesos de investigación, depuración institucional y responsabilidad individual compatibles con el Estado de derecho. Paralelamente, Venezuela deberá diseñar un programa integral de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), acompañado de estrategias de desmantelamiento de organizaciones armadas y de reincorporación de quienes, sin haber cometido delitos graves, puedan reintegrarse a la vida institucional y civil bajo condiciones estrictamente legales. Cuidado, no se trata únicamente de retirar armas de circulación, se trata de recuperar el control efectivo del territorio, eliminar estructuras paralelas de coerción, reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que el monopolio legítimo de la fuerza vuelva a pertenecer exclusivamente al Estado democrático.
Todo ello requiere planificación, experiencia y conocimiento especializado. Por esa razón, cuando se inicié la transición, cuyo indicador más relevante es la liberación incondicional de los presos políticos civiles y militares, sin menoscabo en los primeros y garantizando la liberación total de los efectivos castrenses privados de libertad por razones políticas, es cuando cobra relevancia diseñar una transición sostenible, que no puede estar integrada exclusivamente por dirigentes políticos, sino por amplios sectores de la sociedad comprometida con la recuperación de la democracia, las instituciones, estado de derecho y el rescate como tal de la República.
La reconstrucción del Estado constituye un desafío técnico además de político.
Sin ese componente técnico, cualquier acuerdo corre el riesgo de convertirse en un arreglo temporal incapaz de transformar las causas estructurales que originaron la crisis. La democracia no se fortalece únicamente celebrando elecciones. Se fortalece cuando las instituciones recuperan su independencia, cuando la fuerza pública vuelve a estar plenamente subordinada al orden constitucional y cuando los ciudadanos saben que el Estado protegerá sus derechos sin distinción política.
Ese es el verdadero significado de una transición democrática sostenible. No consiste únicamente en cambiar un gobierno. Consiste en reconstruir la República.
La advertencia: una transición sin reconstrucción del Estado corre el riesgo de fracasar
Toda estrategia de transición enfrenta una tensión permanente entre la urgencia política y la sostenibilidad institucional. La tentación de privilegiar acuerdos inmediatos es comprensible: detener la confrontación, reducir la conflictividad y abrir espacios para la negociación. Sin embargo, se ha demostrado históricamente, que la estabilidad de corto plazo no siempre produce paz duradera.
El proceso de negociación actualmente promovido bajo el auspicio de Estados Unidos, el cual inició con muy mala imagen, sumado a no celebrarse la primera reunión como tal, donde el régimen de facto emite un comunicado con un contenido escueto y decepcionante, que incluso no contempla las exigencias del Grupo de Contacto de Quito de marzo del 2019, sobre la necesidad de acordar la ruta electoral y la salida pacífica, peor aún, tomando en cuenta que ni siquiera en ese entonces, se habían celebrado elecciones presenciales, como las del 28 de julio de 2024, que dieron cuenta de un triunfo arrollador y sin precedentes históricos de la legítima oposición venezolana, y para colmo, no se había extraído a Nicolás Maduro, para ser sometido a la justicia internacional, produciendo en consecuencia una ausencia que de acuerdo a lo previsto en el artículo 233 de la Constitución, constituye una falta absoluta, demuestran por parte del régimen interino de facto, intenciones claras de no tener la disposición para negociar una transición a la democracia, tal y como lo establece la ruta del plan de tres fases de la administración de Donald Trump.
Por tanto, ante estás señales se debe estar sumamente atento, ya que existe un riesgo estratégico que no debería subestimarse: creer que el cambio de gobierno equivale, por sí solo, a la recuperación del Estado, estos no son procesos equivalentes. Los gobiernos cambian mediante acuerdos políticos o elecciones. Los Estados se reconstruyen mediante reformas institucionales profundas.
Si las estructuras criminales de gobernanza híbrida permanecen intactas, conservarán la capacidad de adaptarse a cualquier escenario político. Cambiarán sus métodos, modificarán sus alianzas y buscarán nuevos mecanismos de influencia, pero mantendrán buena parte de las capacidades acumuladas durante años. La experiencia internacional demuestra que las organizaciones híbridas rara vez desaparecen cuando cambia el liderazgo político; normalmente evolucionan, se reorganizan y procuran preservar sus espacios de poder dentro del nuevo orden institucional.
Desde una perspectiva prospectiva, ello plantea al menos cuatro riesgos estratégicos.
- El primero es la supervivencia de centros paralelos de poder. Mientras subsistan redes capaces de combinar recursos políticos, económicos, militares y criminales, cualquier autoridad democráticamente electa gobernará bajo la presión constante de actores que nunca abandonaron realmente el control del Estado.
- El segundo riesgo consiste en la reversibilidad de la transición. Ningún acuerdo político puede consolidarse cuando quienes conservan capacidad de coerción mantienen intactos sus instrumentos de intimidación, corrupción o violencia. En esas circunstancias, las instituciones democráticas nacen condicionadas y la estabilidad queda sometida a un equilibrio extremadamente frágil.
- El tercer riesgo trasciende las fronteras venezolanas. Si Washington privilegia únicamente objetivos inmediatos de estabilidad política sin impulsar simultáneamente una estrategia orientada al desmantelamiento de las estructuras criminales híbridas, la continuidad del proceso podría depender excesivamente de los ciclos políticos estadounidenses. Un cambio de administración o de prioridades estratégicas podría dejar inconclusas las reformas más importantes y abrir espacios para una recomposición de los factores que hoy amenazan la institucionalidad venezolana.
- El cuarto riesgo afecta directamente a la arquitectura de seguridad del hemisferio occidental. Venezuela no constituye un fenómeno aislado. Su ubicación geográfica, su condición de país energético, su extensa fachada caribeña y sus fronteras terrestres la convierten en un punto de enorme relevancia para la estabilidad regional. Si las redes de gobernanza híbrida permanecen operativas, continuarán proyectando efectos sobre el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la migración forzada y otras amenazas que trascienden ampliamente el ámbito nacional. En consecuencia, una transición incompleta no representaría únicamente un problema venezolano; constituye un desafío permanente para la seguridad continental.
Precisamente por ello, la consolidación democrática exige una visión estratégica de largo plazo. La celebración de elecciones constituye un hito indispensable, pero no el punto de llegada. El verdadero éxito dependerá de la capacidad para reconstruir instituciones, recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el Estado de derecho y desmantelar las estructuras que hicieron posible la captura progresiva de la República.
La experiencia comparada demuestra que las democracias fracasan cuando confunden el reemplazo de un gobierno con la transformación del Estado. Las instituciones débiles terminan siendo nuevamente capturadas por quienes conservan recursos de poder suficientes para condicionarlas.
Venezuela dispone hoy de una oportunidad histórica para romper ese ciclo.
Los venezolanos ya demostraron que están preparados para elegir. Lo hicieron con civismo, determinación y una clara vocación democrática. La pregunta que permanece abierta ya no recae sobre la ciudadanía. Recae sobre las instituciones, sobre los actores políticos nacionales y sobre la comunidad internacional.
¿Existe realmente la voluntad de construir una transición que recupere el Estado, o únicamente se busca administrar una nueva etapa del mismo problema?
La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro político de Venezuela, sino también la estabilidad democrática de buena parte del hemisferio durante las próximas décadas. Porque la democracia no comienza el día en que se anuncian unos resultados electorales. Comienza cuando el poder vuelve a estar sometido a la Constitución, cuando las instituciones sirven nuevamente a la República y cuando ningún ciudadano debe preguntarse si su voto será respetado.
Venezuela sí está preparada para elegir, lo demostró ampliamente el 28 de julio de 2024, incluso en contra de toda la maquinaria y poder represivo del Estado. El verdadero desafío consiste entonces en entender,que todos los demás estén preparados para aceptar el
resultado y, sobre todo, para reconstruir el Estado que hará posible que esa decisión soberana pueda convertirse, por fin, en una democracia estable, gobernable y duradera. Conclusiones .
Venezuela sí está preparada para elegir. Lo demostró cuando millones de ciudadanos acudieron pacíficamente a las urnas para ejercer un derecho que pertenece a la esencia misma de la democracia. La verdadera incógnita nunca ha sido la capacidad del pueblo venezolano para votar. La verdadera prueba consiste en si las instituciones, los actores políticos y la comunidad internacional estarán dispuestos a reconstruir un Estado donde el monopolio legítimo de la fuerza vuelva a estar exclusivamente al servicio de la Constitución, de la ley y de los ciudadanos. Porque las elecciones cambian a los gobiernos; sólo las instituciones reconstruyen repúblicas.
El autor del presente trabajo, el abogado y analista de geopolítica Antonio Garcia Ezcurra, quien vive su obligado exilio en el Reino de Suecia ante el inminente peligro de haber sido secuestrado y torturado por la banda de criminales, la cual aún hoy gobierna esa noble nación latinoamericana.
