By En medio de la emergencia humanitaria provocada por el doble terremoto del 24 de junio, familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron un grave abandono por parte del Estado, que pone en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de los detenidos, violando estándares internacionales de derechos humanos.
Organizaciones como el Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertaron que, dos semanas después de los sismos de magnitudes aproximadas 7,2 y 7,5, no existen informes oficiales sobre evaluaciones estructurales en las principales cárceles que albergan presos políticos, ni planes de contingencia ante posibles réplicas.
En la prisión de Ramo Verde (estado Miranda), varias paredes colapsaron y la infraestructura quedó comprometida. Según Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, los reclusos se niegan a regresar a las torres por temor y duermen en patios, bajo carpas y refugios improvisados. “La información que tenemos es que están asustados, no saben cuál es el estado de las estructuras”, señaló.
En El Rodeo, también en Miranda, familiares reportaron grietas en las paredes —algunas supuestamente ocultadas con pintura— y la ausencia de un plan de evacuación. Las autoridades no habrían cumplido promesas de aumentar la frecuencia de llamadas telefónicas, dejando a los detenidos incomunicados en un contexto de alta vulnerabilidad.
Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández (implicado en la Operación Gedeón) y miembro de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, expresó durante una vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos: “Los están dejando abandonados. Sabemos que la situación en Venezuela está fuerte en este momento, pero es importante que los presos políticos estén bien”.
Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, relató que la última visita al Fuerte Guaicaipuro fue “silenciosa y dura”. Varios detenidos perdieron familiares en el terremoto y se encuentran “psicológicamente mal”. “Están muy preocupados”, afirmó.
Desde el enfoque de derechos humanos, estas denuncias evidencian una posible violación al derecho a la vida, la integridad personal y las condiciones mínimas de detención establecidas en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Organismos internacionales han criticado históricamente las condiciones carcelarias en Venezuela, caracterizadas por hacinamiento, escasez de alimentos y atención médica, situación que se agrava dramáticamente tras un desastre natural.
Andreína Baduel, del Clipp, confirmó los daños persistentes y lamentó la falta de un “mecanismo de comunicación directo u oficial” con las autoridades penitenciarias. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha detallado acciones específicas de reparación o reubicación de los presos políticos.
En un país donde miles de personas aún lidian con los efectos del doble terremoto —más de 3.600 fallecidos según balances preliminares—, las familias exigen que las autoridades garanticen la protección de todos los privados de libertad, sin distinción política, y transparenten la situación de las cárceles.
La comunidad internacional y organismos de derechos humanos han sido llamados a monitorear la situación, ante el riesgo de que la tragedia natural profundice una crisis humanitaria ya existente en el sistema penitenciario venezolano.
