By Un comunicado oficial confirma que el detenido murió en julio de 2025 mientras su madre seguía recorriendo cárceles y tribunales para intentar encontrarlo.
El comunicado emitido por el Ministerio para el Servicio Penitenciario no cerró el caso de Víctor Hugo Quero Navas. Lo agravó.
El documento confirma que el detenido murió el 2 de julio de 2025 bajo custodia del Estado venezolano. También que durante los diez meses siguientes ninguna institución notificó oficialmente a su madre, Carmen Teresa Navas, quien continuó buscándolo en cárceles, tribunales y organismos de investigación.
La desaparición dejó así de ser únicamente una denuncia familiar o una sospecha de ocultamiento. El propio Estado admitió que poseía la información sobre la muerte mientras la familia seguía exigiendo respuestas.
La madre que pedía una fe de vida
Semanas antes de que el gobierno admitiera oficialmente la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, su madre seguía recorriendo cárceles y organismos de seguridad intentando obtener una respuesta sobre su paradero. La entrevista concedida entonces adquiere ahora valor documental: mientras Carmen Teresa Navas hablaba públicamente de desaparición y silencio institucional, el Estado ya tenía registrada la muerte y la inhumación de su hijo.
“Yo pidiendo la fe de vida de mi hijo, porque hasta los tiempos no sé dónde lo tiene”, dijo durante esa conversación.
La mujer relató que acudió repetidamente a dependencias militares, cárceles y oficinas policiales. En una de ellas le mostraron dos fotografías borrosas y le confirmaron que Víctor Hugo estaba detenido, pero se negaron a decir dónde. “Fuimos como diez veces o más”, recordó. “Y me dijeron: no venga más”.
Otros presos excarcelados le dijeron haberlo visto en Rodeo I. Uno de ellos aseguró que padecía fuertes problemas intestinales. Más tarde comenzaron las versiones sobre un supuesto dengue hemorrágico dentro del penal.
Carmen Teresa Navas tenía 81 años. En la entrevista describió el deterioro físico que le produjo la búsqueda. “Pesaba 86 kilos. Ahorita peso 49. Un desgaste total”, afirmó.
También habló del miedo.
“¿Tú sientes que corres peligro?”, le preguntaron.
“Claro”, respondió.
Hasta el final sostuvo la misma exigencia: saber si su hijo estaba vivo o muerto.
“Que me digan dónde está si está vivo, si está muerto”, pidió.
Para ese momento, el Estado venezolano ya lo había enterrado.
Víctor Hugo Quero Navas era comerciante informal. Había sido detenido por la DGCIM y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Su madre sostuvo durante más de un año una búsqueda pública marcada por negativas, silencio institucional y ausencia total de información sobre su paradero.
El comunicado fija una cronología que compromete directamente a distintos órganos estatales.
Según el Ministerio, Quero Navas ingresó al Internado Judicial Rodeo I el 15 de enero de 2025. El texto asegura además que el detenido fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo tras presentar un cuadro clínico grave. Sin embargo, el mismo documento contiene una inconsistencia central: afirma que el traslado ocurrió el 15 de julio de 2025, pero señala que la muerte se produjo el 2 de julio de ese mismo año. La contradicción aparece en un comunicado oficial elaborado por el propio Estado.
El ministerio sostiene que la causa de muerte fue una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar” y agrega que el cuerpo fue inhumado el 30 de julio “ante ausencia de sus familiares” y “en cumplimiento de protocolos de ley”. La frase sobre la supuesta ausencia de familiares queda desmentida por los hechos posteriores reconocidos por el mismo aparato estatal.
El comunicado indica que el 20 de marzo de 2026 el CICPC abrió una investigación por la presunta desaparición de Víctor Hugo Quero Navas y que el 25 de marzo solicitó información oficial sobre su ubicación. Es decir: mientras organismos de investigación buscaban formalmente al detenido, el Estado ya tenía registrada su muerte desde hacía meses.
La secuencia expone algo más profundo que una omisión administrativa. Muestra un sistema institucional que permitió que expedientes, solicitudes y actuaciones oficiales continuaran alrededor de una persona fallecida bajo custodia estatal sin informar a su familia. Durante todo ese período, Carmen Teresa Navas siguió buscando a su hijo.
La madre acudió a cárceles, tribunales y oficinas públicas. Dio entrevistas. Hizo denuncias. Preguntó reiteradamente dónde estaba Víctor Hugo Quero. Ningún organismo le informó sobre una hospitalización, una muerte o un entierro. El Estado venezolano enterró al detenido mientras su madre seguía intentando localizarlo.
El comunicado tampoco explica por qué la familia nunca fue notificada del fallecimiento, quién autorizó la inhumación, qué diligencias se realizaron para ubicar a los familiares ni por qué distintas instituciones públicas continuaron actuando como si el detenido siguiera vivo.
Tampoco ofrece información sobre las condiciones de reclusión en Rodeo I ni sobre el estado físico de Quero Navas antes de su muerte.
La relevancia del caso ya no reside únicamente en la muerte bajo custodia de un preso político. El comunicado oficial plantea interrogantes sobre el funcionamiento completo del sistema penitenciario, judicial y policial venezolano frente a detenidos cuya situación queda fuera de todo control público efectivo.
El documento buscó presentar el caso como una secuencia médica y administrativa. Terminó dejando constancia de otra cosa: que el Estado conocía la muerte de Víctor Hugo Quero Navas mientras su madre seguía buscándolo sin recibir respuesta alguna.
