By La Corte de Apelación anuló la sentencia a seis años y medio de prisión, pero los programadores Gabriel Fuenmayor y Alexander Pinzón pero siguen presos.
Luisa Quintero / TalCual
Los programadores Gabriel Fuenmayor y Alexander Pinzón fueron sentenciados a seis años y medio de prisión por un programa que servía a casas de apuestas hípicas. La Corte de Apelaciones anuló el juicio por irregularidades, pero ordenó mantenerlos bajo privativa de libertad. De la PNB La Yaguara fueron trasladados en diciembre pasado hasta la Comunidad Penitenciaria de Coro (estado Falcón) sin que sus familiares o el propio tribunal tuviesen información
«Que se los lleven sin contemplación», fueron las palabras de Antonio «el Potro» Álvarez, presidente del Instituto Nacional de Hipódromos, contra los programadores Gabriel Fuenmayor y Alexander Pinzón, quienes habían sido llamados a una investigación por uno de los softwares que habían desarrollado: Hípico Office. El programa para administrar el conteo de apuestas en los llamados «vendepaga» –establecimientos de jugadas hípicas– les llevó a una condena de seis años y seis meses de prisión.
El «calvario», como denominan allegados de Fuenmayor y Pinzón que pidieron no ser mencionados en esta nota, comenzó el 8 de octubre de 2024. Ese día, Gabriel recibió una llamada donde un cliente les mencionaba que estaba con un comisario de apellido Márquez, quien necesitaba información del Hípico Office. La citación se la pasaron vía mensajería, firmada por su propio cliente como recibida, para presentarse el día 10 de octubre a las 11:00 a.m en el Sebin Helicoide.
Fuenmayor se presentó al Helicoide a la hora pautada. Sin embargo, le pidieron que llamara a su socio en la empresa Tecnoapac, Alexander Pinzón, y que acudiera también. Les preguntaron cómo era el sistema, cómo funcionaba y otra serie de cuestiones técnicas. Pese a que había terminado el interrogatorio, los retuvieron hasta la noche y los llevaron a la sede del INH, en el hipódromo de La Rinconada, donde están las oficinas del «Potro» Álvarez.
Álvarez les dijo que era necesaria una autorización para comercializar ese tipo de programas relacionados al negocio hípico, cuestión que ambos socios refutaron. Sin mayor intercambio, el funcionario dio la orden de dejarlos detenidos.
El programa, aclaran allegados, apenas llevaba un conteo del número de apuestas por taquilla y no estaba vinculado a la venta o cobro de las apuestas, por lo que no intervenía directamente con las funciones del INH. Además, se comercializaba desde hace aproximadamente 10 años bajo un cobro mensual que alcanzaba los 10 dólares en 2024.
Programadores y «financistas»
Gabriel Fuenmayor y Alexander Pinzón fueron presentados ante el Tribunal 18 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Francis Ávila. Al fiscal 45 Omar Guerrero, que está vinculado a otros casos de detenciones arbitrarias relacionadas al INH, se le asignó el caso pero nunca se presentó a las audiencias.
Los funcionarios de la PNB les dijeron a los programadores que si entregaban las claves y la data, que si colaboraban, los iban a dejar en libertad. Hicieron que fuera uno de los trabajadores a las oficinas y les dieron las claves fuentes. En la fase de investigación tampoco se permitieron diligencias para presentar los estados bancarios que permitieran demostrar que no habían cometido fraude o estafa. «Todo se los negaron, no tenían forma de defenderse».
Juicio sin pruebas
El juicio contra Gabriel Fuenmayor y Alexander Pinzón inició en enero de 2025 ante el Tribunal 14, a cargo del juez Edward Piñango. Los testigos, entre ellos amas de casa, dijeron que no conocían a los programadores o por qué estaban siendo llamados por el tribunal. Los expertos dijeron que no había experticia o pruebas vinculantes que afectaran al INH. Todo quedó asentado en el expediente, que dice que fueron detenidos «en flagrancia» haciendo apuestas, y la sentencia que se concretó en agosto de ese año.
«En una audiencia el juez se molestó y los llamó a pararse. ‘Miren la cara de los acusados, ¿cómo no los van a conocer’. Los testigos no lo conocían, no podían decir lo contrario… Otras personas tuvieron un acercamiento con el juez, y les dijo que sabían que eran inocentes pero tenía que cumplir una orden porque era él o eran ellos», dice un allegado.
La Sala 9 de la Corte de Apelaciones, a cargo de Rafael Osío, anuló la sentencia contra Fuenmayor y Pinzón en marzo de 2026 por irregularidades en el proceso, pero hasta ahora no se ha concretado la distribución del expediente a un nuevo tribunal. También ordenó que ambos programadores permanecieran privados de libertad.
«Como les admitieron delitos menos graves (fraude y acceso indebido), los abogados dicen que en un nuevo juicio podrían salir bajo medidas cautelares. Esperamos que eso se cumpla o que salgan en libertad», menciona.
La familia de Fuenmayor y Pinzón entregó además una solicitud de amnistía, que fue negada por el juez al alegar que estaba «mal enfocada». En el escrito que introdujeron los abogados, se solicitó el sobreseimiento con base en el artículo 8 de la Ley, que establece la temporalidad de los hechos objetos de esta medida. El juez dijo que debían argumentar que su encarcelamiento había sido una orden superior.
El 8 de diciembre de 2025, sin que el tribunal hubiese emitido una orden, Fuenmayor y Pinzón fueron trasladados desde la sede de la PNB La Yaguara (Caracas) hasta la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón.
En esa cárcel también está Juan Arcia, quien fue detenido por tener un grupo de WhatsApp sobre apuestas de caballos y hasta la fecha no ha tenido juicio.
La comida, dicen allegados, es deficiente y a veces se entrega en mal estado como «castigo» por «mala conducta». La paquetería se les entrega cada 15 días a través de familiares de otros detenidos. A pesar de que les permitían llamadas quincenalmente por alrededor de tres minutos para informar sobre su estado y el próximo día de visita, desde hace un mes no han tenido esa comunicación vía telefónica.
A Fuenmayor, padre de dos niños y sin familiares directos, apenas lo han podido visitar en una sola oportunidad desde su traslado, debido a los costos que representa. Pinzón, al igual que su socio, es sostén de hogar de su mamá, una hermana y su esposa. «Están pasando hambre, han perdido más de 10 kilos… Están presos sin haber cometido delito, y en dado caso de que hubieran cometido delito no son para tenerlos privados de libertad. Han hecho los que les ha dado la gana».
La red del Potro Álvarez abarca funcionarios de la PNB, fiscales y jueces
Las irregularidades que rodean la gestión de Antonio «el Potro» Álvarez en el Instituto Nacional de Hipódromos no operaron en el vacío. La maquinaria de persecución comenzaban con una citación bajo engaño o un operativo sorpresa.
El brazo ejecutor era la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, que desde su sede en El Helicoide activaba brigadas lideradas por el comisario jefe José Leonardo Márquez que se desplazaban a todo el país en búsqueda de personas que previamente habían sido incluidas en una «lista» de la Presidencia del INH.
A quien recibían una advertencia previa y no paga ban las sumas exigidas eran detenidos.
“La mayoría de esas movilizaciones de los policías las pagaba Ángel Pino, presidente de la Corporación El Inmejorable”, asegura una de las fuentes consultadas,
Una vez que la persona ingresaba al Helicoide, los efectivos del DAET presentaban, en varios de los casos, expedientes prefabricados que compartían casi las mismas características. Una fuente reveló que los ciudadanos eran acusados de terrorismo, asociación para delinquir y lavado de dinero (una herramienta jurídica diseñada para justificar la detención inmediata) incluso antes de iniciarse la investigación.
El paso por El Helicoide
Las víctimas eran recluidas para ser investigadas sin importar si poseían antecedentes penales. Una vez allí, los funcionarios presuntamente «pagos» en divisas, mientras que en las inspecciones los detenidos era despojados de pertenencias como equipos tecnológicos y documentación personal.
La irregularidad continuaba con el manejo de los tiempos legales: fiscales y jueces excedían el lapso reglamentario de 48 horas para ser presentados ante la Fiscalía. Esta práctica se agudizó tras el 28 de julio de 2024, cuando numerosos empresarios fueron acusados de financiar protestas en contra de Nicolás Maduro.
Tras la audiencia en el Tribunal de Control, los señalados eran devueltos al Helicoide para quedar a la orden de un Tribunal de Juicio. En esta fase, uno de los actores principales en las acusaciones de terrorismo era el fiscal Ángel Fuenmayor, que recibía pagos irregulares y se encuentra detenido bajo cargos de corrupción. El ex fiscal superior del estado Portuguesa Omar Guerrero está involucrado en la red de extorsiones es parte del operativo del Potro Álvarez.
Sin derecho a la defensa
A los acusados se les impedía el acceso a una defensa privada y debían aceptar defensores públicos cuyo modus operandi incluía no solicitar medidas sustitutivas de libertad y mostrar un desconocimiento deliberado del caso. Una actitud que confirmaba que formaban parte del esquema de extorsión operado desde el INH.
El resultado eran condenas de entre 6 y 14 años de prisión sin posibilidad de apelación, engrosando la lista de imputados por razones políticas. La red vinculada al Potro Álvarez abarcaba desde funcionarios de la PNB y el DAET hasta tribunales de juicio y de terrorismo, que encabezaba el juez Carlos Liendo.
