By Volker Türk advierte que las excarcelaciones son insuficientes, cuestiona el alcance de la amnistía y pide revisar el estado de emergencia.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, pidió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela que aún permanecen detenidos, pese a las excarcelaciones recientes derivadas de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.
Durante su intervención en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk señaló que toma nota de las liberaciones realizadas, pero instó a que se extiendan a la totalidad de los detenidos por motivos políticos.
El funcionario también solicitó revisar el estado de emergencia vigente para garantizar el respeto al espacio cívico y a los derechos fundamentales, y afirmó que la sociedad civil y los grupos de víctimas deben poder participar en los asuntos públicos.
El 19 de febrero, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó una ley de amnistía que abarca casos de personas detenidas, procesadas o condenadas por delitos políticos, pero cuya aplicación se delimitó a un conjunto específico de hechos, lo que deja fuera otros expedientes.
Secuencia del proceso
El proceso de liberaciones comenzó semanas antes de la aprobación formal de la ley. El 8 de enero, autoridades venezolanas anunciaron excarcelaciones iniciales como parte de una medida que calificaron como “gesto”. Desde entonces, las liberaciones se han producido de forma escalonada y sin cronograma público.
Entre enero y febrero se confirmaron centenares de excarcelaciones, incluyendo figuras conocidas como la activista Rocío San Miguel, el dirigente Enrique Márquez y el periodista Roland Carreño.
En febrero, tras la aprobación de la amnistía, el proceso se intensificó con nuevas liberaciones, aunque organizaciones como Foro Penal advierten que aún permanecen detenidas entre 500 y 600 personas por motivos políticos.
Las excarcelaciones han sido ejecutadas mediante decisiones judiciales individuales, revisiones de causas y medidas sustitutivas. En varios casos, los beneficiarios han quedado sujetos a restricciones, como presentaciones periódicas o limitaciones de movilidad.
Observaciones sobre la aplicación
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la aplicación de la amnistía no es uniforme. Persisten exclusiones, especialmente en expedientes vinculados a jurisdicción militar o a delitos no contemplados de forma expresa en la ley.
También se han reportado casos de liberaciones seguidas de nuevas medidas restrictivas, incluyendo arrestos domiciliarios o reapertura de procesos.
Reacciones políticas
El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, calificó la ley de amnistía como una “farsa” y cuestionó su alcance. Según declaró, la medida no resuelve el problema de fondo y puede implicar condiciones que afectan la dignidad de los detenidos.
En un pronunciamiento difundido por la Fundación Arcadia, Ledezma sostuvo que la normativa busca presentarse como un mecanismo de reconciliación, pero la describió como un intento de “humillación pública” hacia los presos políticos, al exigir reconocimiento de delitos que niegan haber cometido.
Caso documentado
Entre los expedientes abiertos, Foro Penal ha señalado la situación del ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en la cárcel de Rodeo I, sin información clara sobre su situación procesal y con restricciones de contacto con familiares.
Según la organización, en ese centro de detención se han reportado condiciones calificadas como extremas y la existencia de protestas, incluidas huelgas de hambre por parte de detenidos.
En varios centros de reclusión, familiares continúan concentrándose a la espera de información sobre nuevas liberaciones, en un proceso que se ejecuta sin listados oficiales consolidados.
En paralelo, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han indicado que la amnistía debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y formar parte de un proceso de justicia transicional conforme a estándares internacionales.
