By Su discurso sobre amnistía y convivencia no establece reglas ni garantías: fija un marco donde el poder decide qué lectura es válida, quién puede regresar y bajo qué condiciones.
Delcy Rodríguez no describe un gobierno: fija sus límites. Cuando habla de amnistía, no establece condiciones ni garantías; la reduce a un gesto que se “saluda”. Cuando invoca convivencia, no define reglas; impone un marco. Y cuando abre las “puertas de Venezuela”, no reconoce derechos: concede, condiciona y agradece la adhesión. Su discurso no organiza instituciones, organiza obediencia: hay una lectura correcta —la suya— y todo lo demás es error o amenaza.
Delcy Rodríguez no describe un gobierno: lo ejerce en el lenguaje. Cuando habla de amnistía, no detalla alcances ni condiciones; la reduce a un gesto que se “saluda”. Cuando invoca convivencia, no establece reglas; fija un clima. Y cuando abre las “puertas de Venezuela”, no reconoce derechos de retorno; concede, agradece y condiciona. Su discurso no organiza instituciones, organiza interpretaciones: hay una lectura correcta —la suya— y desviaciones que se señalan, se vigilan y, si es necesario, se exhiben.
En ese marco, gobernar no es administrar normas sino definir quién puede disentir sin ser convertido en amenaza. La advertencia aparece sin pruebas y se promete demostrar después; el adversario se ubica fuera —en hoteles, en otros países— y la justicia se desplaza del tribunal al “pueblo” invocado como juez. El cierre emocional completa la operación: la experiencia personal como víctima se convierte en legitimidad política para decidir los términos de la convivencia.
Lo que queda no es un programa de transición ni un compromiso verificable. Es una arquitectura de control: del lenguaje, de los tiempos, de los márgenes. Eso es lo que dice cuando dice que gobierna.
Empieza validando sin demostrar.
“Posturas genuinas” no describe; certifica. “Saludo a la ley de amnistía” no obliga; escenifica. La ley queda en el terreno del gesto, no del derecho. La “convivencia democrática” aparece como clima, no como sistema de reglas.
La apertura es afectiva, no jurídica.
“Las puertas de Venezuela… los brazos del pueblo… están abiertos para quienes quieran regresar”. No hay reconocimiento de un derecho de retorno ni mención de garantías. Hay permiso. Y el permiso depende de entrar en el proceso tal como lo define quien habla.
El marco queda fijado de inmediato:
“sanación del odio”. El conflicto se presenta como desvío emocional. La discrepancia deja de ser política para convertirse en patología.
El giro introduce autoridad sin prueba.
“Tengo conocimiento… de algunos sectores”. La repetición no aporta evidencia; la sustituye. No nombra a nadie, pero delimita un campo de sospecha donde cabe cualquiera.
Ese campo se ordena con una regla única: hay una lectura correcta. Quien no la comparte “no está dando lectura correcta”. No hay desacuerdo legítimo. Hay error.
La crítica se reduce a cálculo:
“derrota político-partidista”. Se descarta cualquier lectura distinta antes de discutirla. No se responde al argumento; se invalida su origen.
La fecha se carga y se vacía a la vez:
“el 3 de enero perdimos todos… no hubo ganador”. La repetición disuelve responsabilidades. Si todos pierden, nadie responde.
El criterio vuelve a ser personal:
“yo estoy viendo… lectura incorrecta de la ley de amnistía”. La interpretación de la ley no se somete a instituciones; queda bajo la mirada de quien habla.
La amenaza aparece sin contenido verificable:
“ya tienen planes y los voy a mostrar”. Opera ahora; la prueba se promete después. Es suficiente para instalar sospecha.
El adversario se dibuja con precisión simbólica:
“lujoso hotel en Estados Unidos o en Europa”. No es sólo ubicación; es distancia y privilegio. La crítica se sitúa fuera.
Sus acciones quedan tipificadas de antemano:
“descarrilar”, “perturbar”. No hay oposición; hay sabotaje. “Tranquilidad y paz” quedan del lado del proceso. Cuestionarlo equivale a alterarlas.
La justicia se desplaza:
“que sea el pueblo quien juzgue”. No hay tribunales ni debido proceso. El juicio pasa a una instancia colectiva, invocada, no definida.
Se invocan principios sin mecanismo:
“no repetición”, “justicia genuina”. No hay cómo se garantizan. Sólo que se proclaman.
El proceso se declara frágil:
“hay que cuidarlo”. La crítica se convierte en riesgo. La adhesión se agradece: “que estemos sumados”. No es pluralidad; es alineación.
El cierre traslada el argumento al terreno personal.
“Me ha tocado sentarme con los verdugos de mi padre”. La palabra no se prueba; se impone. Ordena moralmente el campo y blinda la posición.
La experiencia se eleva a legitimidad:
“lo he hecho por Venezuela”. Se amplía a “nuestros héroes” y se fija en el tiempo “desde el 3 de enero”. El yo se vuelve nosotros. “Por el pueblo”, “por nuestros jóvenes”. No hay datos ni compromisos verificables. Hay una justificación moral expansiva.
Leído completo, el discurso no organiza una transición. Define sus límites. Decide quién interpreta, quién se equivoca y quién amenaza. Sustituye derechos por gestos, justicia por invocación y reglas por marco. No es un lenguaje de transición. Es un lenguaje de control. Ahí está el gobierno.
