By La congelación de activos tras la captura del 3 de enero expone una red financiera internacional y abre una disputa sobre su destino en plena transición venezolana
Suiza ha bloqueado 887 millones de dólares vinculados al entorno de Nicolás Maduro, en una de las primeras decisiones financieras desde su captura el 3 de enero. La medida combina expedientes abiertos desde hace años con nuevas órdenes dictadas después del arresto, en un movimiento que busca asegurar activos en un escenario político incierto.
Dos tercios del monto ya estaban congelados en investigaciones previas; el resto –308 millones de dólares– fue inmovilizado en los días posteriores a la detención. La “situación volátil” en Venezuela aceleró de un proceso que llevaba tiempo en curso.
Suiza aplica su legislación sobre personas políticamente expuestas para congelar fondos cuando existen indicios de corrupción o riesgo de ocultamiento. La lógica no es punitiva en esta fase, sino que intenta evitar que los activos se dispersen antes de que los tribunales determinen su origen. Si se confirma que fueron obtenidos de forma ilícita, el marco legal permite su restitución en beneficio del país afectado.
La decisión introduce una variable clave en la transición venezolana: el dinero queda fuera del alcance inmediato de quienes lo controlaban.
Suiza no es un caso aislado. Durante la última década, investigaciones en España, Andorra y Estados Unidos han seguido rutas similares: cuentas, empresas pantalla, transferencias cruzadas y uso de jurisdicciones opacas para mover recursos vinculados a altos cargos venezolanos.
En Andorra, la Banca Privada d’Andorra fue intervenida tras detectar operaciones de blanqueo ligadas a redes de PDVSA; en España, la Audiencia Nacional ha procesado tramas de desvío de fondos públicos; en Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha confiscado activos en casos asociados a corrupción y narcotráfico.
El dinero no se concentra en una sola jurisdicción ni en una sola estructura. Se dispersa, se protege y se reconfigura. Por eso, cada congelación asegura una porción, pero no agota el circuito.
La novedad del caso suizo está en el momento. La captura de Maduro introduce un factor de inestabilidad y los sistemas financieros reaccionan ante el riesgo para evitar que los recursos financien nuevas operaciones en un contexto de transición.
El efecto inmediato es limitado dentro de Venezuela. Pero sí modifica el entorno en el que se toman decisiones. Reduce liquidez, restringe márgenes y envía una señal a otros actores con capitales fuera del país: los fondos ya no son intocables.
A medio plazo, la disputa será otra. No sobre si el dinero está congelado, sino sobre quién lo recupera y bajo qué condiciones. La restitución de activos es un proceso largo, sujeto a decisiones judiciales y acuerdos políticos. Requiere pruebas de origen ilícito, cooperación internacional y, sobre todo, una autoridad reconocida que pueda recibir y administrar esos recursos.
Ahí aparece el punto crítico. Sin un marco institucional claro en Venezuela, el destino de esos fondos queda suspendido. Pueden permanecer años en litigio, como ha ocurrido en otros casos internacionales, o convertirse en parte de negociaciones más amplias sobre transición, reconocimiento y reconstrucción económica.
El bloqueo de 887 millones en Suiza no redefine por sí solo el proceso venezolano. Pero señala dónde se juega una parte menos visible del poder: fuera del país, en cuentas, tribunales y sistemas financieros que operan con sus propias reglas.
