By Miguel Rodríguez Torres, al frente de Interior y Justicia en 2014, dirigió el aparato bajo el cual se consolidó el centro de reclusión denunciado por torturas. Su regreso a áreas de seguridad pondría en manos del pasado la promesa de no repetición.
No es un debate de nombres. Es una decisión sobre el tipo de poder que se intenta reconstruir. Miguel Rodríguez Torres no regresa como un cuadro técnico ni como una figura marginal: vuelve como el hombre que controló el aparato de seguridad en 2014 y bajo cuyo mando se consolidó La Tumba, un centro de reclusión asociado a prácticas de aislamiento extremo y tortura.
En ese periodo no hubo desorden ni improvisación. Hubo estructura. El Ministerio de Interior y Justicia concentraba el control sobre policías, inteligencia y coordinación con la Guardia Nacional. Ese diseño permitió ejecutar una política de contención que derivó en un patrón: uso de la fuerza contra manifestaciones, detenciones arbitrarias y tratamiento sistemático de opositores como amenazas internas.
Las cifras no son abstractas. Entre febrero y junio de 2014 se registraron decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos Torres fifura. Organismos internacionales documentaron torturas, violaciones al debido proceso y ataques a periodistas. No son episodios sueltos. Es consistencia operativa bajo una cadena de mando definida.
La Tumba no es un símbolo aislado. Es la expresión más nítida de ese sistema: un espacio diseñado para quebrar, no para custodiar. Su existencia no se explica sin una estructura que la conciba, la habilite y la mantenga. Esa estructura dependía del ministerio que Rodríguez Torres dirigía.
El problema no termina en los hechos. Continúa en el discurso que los hizo posibles. Calificar las protestas como “insurreccionales” y atribuir conspiraciones a estudiantes y dirigentes antes de cualquier investigación no fue retórica vacía. Fue la justificación previa para actuar sin límites y despojar de derechos a quienes protestaban.
Su posterior detención y encarcelamiento no altera ese registro. Son hechos distintos. Haber sido víctima de persecución no revisa el ejercicio previo del poder ni responde por él. Confundir ambos planos es una forma de eludir responsabilidades, no de resolverlas.
Por eso su eventual regreso a un área de seguridad no es un movimiento administrativo. Es una señal política. Indica que la experiencia de 2014 no actúa como límite, sino como antecedente tolerable. Que la promesa de no repetición puede subordinarse a cálculos de conveniencia.
Una transición que reincorpora a quien dirigió ese aparato no rompe con el modelo. Lo reordena.
