By El régimen pretende neutralizarla con una exclusión “blanda”, apoyada en narrativas externas y cálculos geopolíticos. Impedir su candidatura no solo restringe derechos individuales: también vulnera la representación política y cuestiona cualquier transición democrática real posible y legítima.
Héctor Schamis / The Georgetown University
En enero de 2012, en el recinto de la Asamblea Nacional, María Corina le dijo directamente a Chávez: “Presidente, expropiar es robar”. La frase quedó grabada para siempre; la escena se transformó en un hito. Ese día María Corina se constituyó en la adversaria principal del chavismo. Desde ese día el chavismo determinó que era la enemiga a destruir.
Había sido elegida en 2011 con 235.000 votos, un 85 %, la diputada electa con la mayor cantidad de votos en todo el país. No obstante, en marzo de 2014 fue despojada de su escaño con una excusa pueril: haber actuado como representante alterna de Panamá en una reunión de la OEA. Lo hizo para notificar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. A partir de allí, también los suyos.
A causa de este hecho y por denunciar la presencia de militares cubanos en territorio venezolano (reconocido ahora por el propio Partido Comunista cubano), en julio de 2015 la Contraloría General de la República emitió una orden de inhabilitación contra ella. Se ha renovado desde entonces y sigue vigente hoy. Una muestra acabada de la ficción jurídica chavista.
En 2023, impulsó elecciones primarias para elegir al rival de Maduro en las presidenciales de 2024. Con una participación de 2,4 millones de electores, arrasó con el 92% de los votos. Su triunfo la consolidó como líder de la oposición, pero no pudo ser candidata: la Contraloría extendió su inhabilitación por otros 15 años. La victoria de Edmundo González el 28 de julio con el 70% de los votos no hizo más que ratificar el liderazgo de María Corina.
Una inhabilitación arbitraria, dado que en Venezuela no existe una instancia judicial que sea independiente del Ejecutivo. Las sentencias son siempre favorables a la dictadura; una definición abreviada de totalitarismo. La ficción jurídica ha sido acompañada por un relato que caracteriza a María Corina como radical, extremista e incapaz de acordar posiciones. En consecuencia, como una figura divisiva y polarizadora.
Ocurre que sí, que María Corina es “radical”, lo es porque su objetivo es derrocar el régimen, no cohabitar. “Queremos libertad, no vivir en una jaula más grande”, repite siempre.
En la etapa posterior a la captura de Maduro la estrategia ha variado. Bajo la mirada cercana de Washington, la inhabilitación tiene un costo político más alto y el propio poder judicial chavista está en descomposición. Además, a María Corina la reciben en la Casa Blanca y el Congreso. De ahí la preferencia por una exclusión “blanda”, con narrativas, pero sin derogar la inhabilitación vigente. Un doble juego que perpetúa la arbitrariedad.
El Wall Street Journal cita recientemente a un presunto ex ejecutivo de Chevron e informante de la CIA, cuya recomendación fue mantener a Delcy Rodríguez en la presidencia para garantizar gobernabilidad. Descalificó el liderazgo de María Corina porque, supuestamente, llevaría a “un escenario como el vivido en Iraq”. Una metáfora innecesaria, más que hipotética. Con referencia a Delcy Rodríguez debió referirse “al escenario vivido en Venezuela bajo el chavismo”, la nación con la tasa de criminalidad más alta del planeta. Así reporta el World Population Review en 2026.
Lo de Chevron no sorprende. Favorecida por el levantamiento de sanciones de la Administración Biden, es la única compañía petrolera americana con operaciones en Venezuela. En la reunión del 9 de enero en la Casa Blanca con las principales compañías del sector, varias de ellas subrayaron la inseguridad jurídica en el país con especial referencia a las expropiaciones sufridas. Nada al respecto se escuchó por parte de Chevron.
El interinato de los Rodríguez es temporario, pero algunos analistas han ido más lejos en el diseño de un orden político poschavista. Sugieren que, una vez de regreso a Venezuela, María Corina debería renunciar a sus aspiraciones presidenciales para salvaguardar la transición. Inevitablemente, el planteo obliga a una pregunta: ¿transición, pero a qué?
Un pilar fundamental en la arquitectura democrática es la representación, un concepto relacional que se define por la existencia de representantes y representados. Pretender que María Corina desista de una candidatura presidencial implica que renuncie a un derecho: el derecho a ser elegida. Pero dado que la representación es relacional, ello también implica despojar de un derecho a otro, al representado: el derecho a elegir.
En estas condiciones, la erosión de ciudadanía, un precepto constitucional inalienable, es evidente. En estas condiciones la inhabilitación de María Corina continuaría vigente, si no de jure, de facto. Y en estas condiciones tal vez ocurra una transición, pero no será a la democracia.
