By La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó este jueves por unanimidad en primera discusión una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). El cambio modifica el artículo 65 y eleva de 21 a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, otorgando por primera vez mayoría a representantes de la sociedad civil (12 miembros frente a 11 diputados).
La medida constituye el primer paso legislativo concreto del acuerdo alcanzado el 12 de agosto de 2026 al cierre del primer ciclo de la mesa de diálogo entre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por Dinorah Figuera. Ese proceso, auspiciado por Estados Unidos, busca avanzar hacia una renovación integral del sistema de justicia y del máximo tribunal del país.
Detalles de la reforma
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, presentó el proyecto. Explicó que la modificación busca adecuar la estructura del Comité de Postulaciones —instancia encargada de evaluar y seleccionar candidatos a magistrados del TSJ— y reactivar el proceso de renovación de jueces, interrumpido tras el doble terremoto del 24 de junio.
Hasta ahora el comité tenía 21 integrantes: 11 diputados y 10 de la sociedad civil. Con la reforma pasará a 23 miembros (11 parlamentarios y 12 de sectores de la sociedad civil). Los 23 serán designados por las dos terceras partes de la plenaria de la Asamblea Nacional y ejercerán durante un período de dos años.
El texto contempla la creación de una Comisión Preliminar integrada exclusivamente por los 11 diputados. Esta instancia tendrá la función de convocar, recibir postulaciones y preseleccionar a los representantes de la sociedad civil. La convocatoria deberá ser pública, transparente y difundirse por todos los medios disponibles, incluida la página web de la Asamblea y publicaciones en tres diarios de circulación nacional. Además, se establece que en la selección se procurará la paridad de género y la participación de grupos en situación de discriminación, marginación o vulnerabilidad.
Una disposición transitoria ordena que, una vez publicada la reforma en Gaceta Oficial, la Asamblea Nacional conforme de inmediato la Comisión Preliminar para iniciar el proceso constitucional y legal de nombramiento de todos los magistrados y magistradas del TSJ, así como de sus órganos auxiliares.
El proyecto fue remitido a la Comisión de Política Interior para la elaboración del informe que permitirá la segunda discusión. Fuentes parlamentarias indicaron que aún debe superar una segunda y, en su caso, tercera lectura antes de ser sancionada definitivamente.
Contexto del diálogo y antecedentes
El acuerdo del 12 de agosto contempló, entre otros puntos, renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales, activar un nuevo proceso de postulación para designar a todos los magistrados del TSJ (que en mayo pasado había sido ampliado de 20 a 32 miembros) y crear un consejo encargado de revisar las credenciales y requisitos de los aspirantes.
El proceso de selección de magistrados había arrancado en abril de 2026, tras la reforma que aumentó el número de jueces del máximo tribunal (Sala Constitucional con siete magistrados y las restantes con cinco cada una). Ese trámite se encontraba en fase de revisión de credenciales e impugnaciones cuando fue suspendido por los sismos de junio.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, valoró durante el debate que sectores de la oposición hubieran planteado una reforma en la que, según afirmó, el gobierno “ya estaba embarcado”. También reiteró la necesidad de un “cambio estructural” en el Poder Judicial para combatir el retardo procesal y otras distorsiones.
Por el lado de la AN 2015, el diputado Juan Miguel Matheus calificó la aprobación como un avance que abre mayor espacio a la participación ciudadana. “En el corazón de la transición de Venezuela estará su sociedad civil”, señaló. Ramón López, integrante de la delegación opositora en el diálogo, había anticipado días atrás que el nuevo comité se ampliaría a 23 miembros con mayoría de sociedad civil y que el proceso anterior se “declararía en cero”.
Alcance e implicaciones
El Comité de Postulaciones Judiciales es el filtro clave por el que pasan los aspirantes a magistrados del TSJ. Su composición ha sido objeto de críticas históricas por parte de organizaciones de derechos humanos y de la oposición, que denuncian su politización. Organizaciones como Acceso a la Justicia han insistido en que la Constitución (artículo 270) prevé un órgano integrado por representantes de la sociedad, no por una mayoría parlamentaria.
La reforma otorga por primera vez mayoría a la sociedad civil en esa instancia, un punto central del acuerdo de agosto. Sin embargo, la Comisión Preliminar —encargada de preseleccionar a esos representantes— permanece bajo control exclusivo de los diputados de la Asamblea actual.
El diálogo, iniciado tras contactos directos entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez a principios de agosto, se desarrolla en un contexto marcado por la necesidad de reinstitucionalización tras años de crisis política, la atención a las víctimas de los terremotos de junio y la presión internacional, particularmente de Estados Unidos. Se espera que en septiembre se aborden temas de garantías y derechos políticos, libertad de expresión y otros puntos de la agenda de transición.
La aprobación de este jueves marca el primer avance legislativo tangible de las negociaciones. Queda por ver si la segunda discusión se realiza con la celeridad anunciada, si la selección de los representantes de la sociedad civil logra legitimidad amplia y si el proceso de renovación de los 32 magistrados del TSJ se concreta con criterios de idoneidad, independencia y transparencia.
Por ahora, el Parlamento oficialista ha dado el primer paso formal. El reloj de la renovación judicial, detenido desde junio, vuelve a ponerse en marcha.
