By El gobierno interino de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció el pasado 24 de julio su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma y retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). La medida, comunicada al secretario general de la ONU, António Guterres, por el canciller Félix Plasencia, ha generado fuertes reacciones adversas de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Según la notificación oficial, Venezuela acusa al tribunal de La Haya de mantener un “sesgo geográfico” que concentra de forma desproporcionada sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. “Esta actuación perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano”, argumentó el Ejecutivo.
Antecedentes de una investigación controvertida
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000. Desde 2018, la CPI mantiene abierta una investigación preliminar (Venezuela I) por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde 2017, en el contexto de la represión de protestas antigubernamentales, que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y persecución política.
En 2021 se abrió formalmente la fase de investigación, que ha enfrentado apelaciones del Estado venezolano. Aunque el retiro se formalizó ahora, el procedimiento del Artículo 127 del Estatuto establece que la salida solo surte efecto un año después de la notificación. Durante ese período, Venezuela sigue obligada y las investigaciones en curso mantienen su validez.
Reacciones adversas y críticas internacionales
La decisión ha sido duramente criticada por mecanismos de la ONU. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó su “grave preocupación” y señaló que la salida busca “evadir procesos internacionales de rendición de cuentas” y “reforzar la impunidad” por violaciones graves documentadas durante más de una década. La misión urgió al país a revertir la medida y cooperar plenamente con la justicia internacional.
Organizaciones venezolanas de derechos humanos como Provea y el Foro Penal rechazaron la salida, considerándola un “blindaje” para funcionarios acusados de graves abusos. Amnistía Internacional y otras entidades han advertido que esta decisión debilita la protección de las víctimas, que durante años vieron en la CPI una de las pocas esperanzas de justicia cuando el sistema judicial interno es percibido como poco independiente.
En contraste, Estados Unidos celebró el anuncio y lo interpretó como un apoyo a sus esfuerzos por “desmantelar” la CPI, a la que califica de “corrupta” e “inútil”. Washington destacó que las investigaciones contra Nicolás Maduro no habían producido resultados concretos.
¿Por qué preocupa a los ciudadanos?
Para miles de víctimas y sus familias, la CPI representaba un mecanismo complementario de justicia. Su salida —aunque no elimine de inmediato las investigaciones previas— envía un mensaje de cierre de puertas que puede:
- Reducir la presión internacional sobre posibles responsables.
- Desincentivar la documentación de nuevos abusos.
- Generar desaliento entre quienes buscan verdad, justicia y reparación.
- Disminuir la disuasión frente a posibles violaciones futuras de derechos humanos.
Expertos señalan que el gobierno interino no ha anunciado hasta ahora medidas internas significativas para investigar de forma creíble los hechos del pasado, por lo que la retirada deja un vacío de responsabilidad.
Implicaciones a futuro
Esta decisión se produce en un contexto de transición política en Venezuela, con un acercamiento del gobierno de Delcy Rodríguez hacia la administración estadounidense de Donald Trump. Analistas ven en el retiro tanto un gesto de alineación geopolítica como un intento de cerrar capítulos incómodos de la era chavista-madurista.
Sin embargo, la CPI ha dejado claro que mantendrá su competencia sobre los crímenes cometidos mientras Venezuela fue Estado Parte. Organizaciones de la sociedad civil llaman a continuar documentando casos y a exigir que cualquier proceso de reconciliación nacional incluya verdad y justicia.
La salida de Venezuela se suma a un momento de cuestionamiento global a la CPI, que enfrenta críticas tanto de países del Sur Global como de potencias como Estados Unidos e Israel. Para los venezolanos, el balance inmediato parece inclinarse hacia una mayor percepción de impunidad.
