By A casi dos semanas del devastador doblete sísmico que sacudió el centro-norte de Venezuela, las consecuencias humanitarias del desastre van más allá de los millares de fallecidos, heridos y damnificados. Expertos advierten que la catástrofe natural también pone en grave riesgo el ya frágil estado de los derechos fundamentales de la población.
Según un reportaje publicado por el medio Artículo 14, la investigadora Martina Rapido Ragozzino alertó que “el terremoto amenaza con sepultar también los derechos humanos de los venezolanos”. La experta señaló que cualquier desastre de esta magnitud supone un enorme desafío para el Estado en su obligación de proteger derechos básicos, pero en el caso venezolano el impacto es aún mayor debido a la profunda crisis previa.
El sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio ha dejado miles de viviendas destruidas, hospitales dañados y una infraestructura ya debilitada al límite. En este escenario, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han insistido en que la respuesta al desastre debe guiarse estrictamente por estándares de derechos humanos, garantizando acceso equitativo a agua, alimentos, atención médica y refugio temporal, sin discriminación ni politización de la ayuda.
Sin embargo, analistas temen que la emergencia pueda utilizarse para justificar mayores restricciones a la libertad de expresión, control de la información o limitaciones en el acceso de organizaciones humanitarias independientes. La crisis previa de derechos humanos en Venezuela —marcada por denuncias de represión, falta de independencia judicial y deterioro de servicios básicos— agrava el panorama.
“Venezuela no puede absorber otra catástrofe”, subraya el propio medio en un análisis complementario, recordando que el país llegaba al terremoto con una población ya golpeada por años de emergencia humanitaria.
Mientras continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros, con un saldo que supera los 3.000 fallecidos según las últimas cifras oficiales, la comunidad internacional observa con atención no solo la gestión de la reconstrucción material, sino también si se respetan los derechos de los afectados durante esta fase crítica.
La tragedia sísmica ha puesto de manifiesto una vez más la vulnerabilidad estructural del país, tanto geológica como institucional. La verdadera reconstrucción, advierten los expertos, no podrá ser solo física: deberá incluir el fortalecimiento del Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos humanos de todos los venezolanos.
