By La represión del gobierno interino de Delcy Rodríguez se endurece aún más y cierra el espacio cívico. La organización Equalia presentó su estrategia de supervivencia en un país marcado por persecución, hostigamiento y criminalización. ¿Por qué sectores del feminismo internacional han evitado confrontar la naturaleza de la crisis venezolana?
El informe Voces que resisten: Una aproximación a las estrategias de supervivencia y resiliencia de las defensoras venezolanas ante el cierre del espacio cívico denuncia que las mujeres que defienden derechos humanos en el país han tenido que modificar sus formas de trabajo porque en lugar de una mejora en el entorno democrático, la persecución, el hostigamiento y la criminalización se han tornado en mecanismos “más selectivos y silenciosos”.
Equalia advierte que las defensoras de derechos humanos enfrentan riesgos particulares debido a su condición de mujeres. Además de los procesos de criminalización, también son objeto de ataques que recurren a estereotipos de género para debilitar su liderazgo y desacreditar su trabajo.
El repliegue no es una retirada. Es una mutación forzada. Las defensoras han dejado de medir su impacto por la visibilidad pública y han pasado a operar bajo una lógica de preservación: menos exposición, más control, menos discurso, más registro.
El activismo no se organiza en la calle sino en redes cerradas, protocolos de seguridad y vínculos de confianza. En ese tránsito, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en estrategia.
Estrategias de supervivencia
Durante todo el régimen de Nicolás Maduro se siguió ejecutando la política que caracterizó el mandato de Hugo Chávez, pero con más fuerza en contra de periodistas, dirigentes políticos y ciudadanos que ejerce sus derechos ciudadanos
La ciudadanía en general es víctima de detenciones arbitrarias a manos de cuerpos de seguridad del Estado, que luego los depositan en centros de reclusión sin que sus familiares y abogados de confianza tengan conocimiento de su paradero. Cuando se enteran ya han sido víctimas de tratos crueles e imputados por el delito de terrorismo sin el derecho a la defensa y sin las garantías que establecen las leyes. Ni sistema de justicia ni el policial actúa de manera imparcial, mucho menos apegado a la Constitución.
Ante la aprobación de normativas restrictivas y el temor a detenciones arbitrarias, muchas defensoras han optado una “clandestinidad estratégica”. Un cambio en las prácticas de activismo que reduce la visibilidad pública de sus actividades para poder seguir actuando.
No es una elección estratégica en sentido clásico, sino una adaptación forzada a un entorno donde la visibilidad se convirtió en riesgo directo. El informe Voces que resisten, de Equalia, describe reafirma que el espacio cívico no se ha reabierto, sino que ha mutado a formas de control más selectivas, menos visibles y más eficaces.
En 2025 se documentaron 455 ataques e incidentes de seguridad contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. La cifra, menor a la del año anterior, no indica una mejora del entorno. Marca un cambio en la forma de la represión: menos volumen, más precisión. Menos ruido, más capacidad de daño.
Ese giro ha obligado a las organizaciones a reorganizarse. La visibilidad, antes considerada un activo, ahora se administra como un riesgo. La denuncia abierta cede espacio a la documentación silenciosa. Las redes sociales se vacían de contenido político o se convierten en espacios neutros. Las reuniones presenciales se reducen o desaparecen. El trabajo se fragmenta en grupos pequeños, cerrados, donde la confianza sustituye a la estructura formal. Lo que el informe denomina “clandestinidad estratégica” no es una táctica puntual, sino el nuevo modelo operativo del activismo en Venezuela
Un riesgo continuo, defender los derechos humanos
El cambio no es solo organizativo. Es físico, emocional, cotidiano. Las defensoras viven en un estado de alerta permanente que desborda el ámbito laboral. La vigilancia se instala en la rutina: teléfonos revisados en alcabalas, comunicaciones cifradas, chats que se borran a diario, identidades digitales fragmentadas. La frontera entre vida personal y trabajo desaparece.
El activismo deja de ser una actividad y pasa a ser una condición de riesgo continuo. Un desgaste que tiene efectos concretos. Los testimonios recogidos en el informe describen cuadros de agotamiento, ansiedad, alteraciones del sueño y una presión constante que se traslada al cuerpo.
No se trata solo de miedo a la detención, sino de una forma de vida atravesada por la anticipación del peligro. La migración masiva ha vaciado redes de apoyo y dejado a muchas defensoras en aislamiento operativo y emocional. A eso se suma la carga de cuidado: en muchos casos, son sostén económico y familiar en un entorno colapsado, lo que limita su margen de acción y su capacidad de resguardo.
Estigmatización por ser mujeres
La represión, además, no actúa de forma neutra. Las defensoras enfrentan un patrón diferenciado de ataques que utiliza estereotipos de género para desacreditarlas, erosionar su autoridad y exponerlas públicamente. La criminalización no se limita al ámbito judicial; se extiende a campañas de estigmatización y al señalamiento en medios estatales.
En paralelo, el marco legal se ha endurecido. La normativa que regula a las organizaciones civiles amplía el control sobre su financiamiento y funcionamiento. También introduce causales ambiguas que permiten su disolución. La autonomía de la sociedad civil queda sujeta a discrecionalidad política.
La respuesta ante la nueva represión no ha sido la paralización, sino la reconfiguración. Las organizaciones han desarrollado protocolos de seguridad que incluyen desde la segmentación de la información hasta el uso sistemático de canales cifrados. Han reducido su exposición pública y han trasladado parte de su trabajo a espacios privados. La incidencia ya no se mide por alcance, sino por capacidad de sostener operaciones sin ser desmanteladas.
Redes de cuidado y sostén
El informe describe una transformación del activismo en estructuras que funcionan también como soporte emocional. Grupos de mujeres que operan como comunidades de confianza donde se procesa el miedo, se comparte información y se sostiene el trabajo en condiciones adversas. No es un componente secundario. Es la infraestructura que permite que el resto exista.
Esa red sustituye, en muchos casos, apoyos que ya no están. La migración, la desconfianza y la fragmentación social han reducido los vínculos tradicionales. En ese vacío, el activismo se reorganiza como “familia elegida”. La dimensión política y la dimensión personal se funden. No hay separación posible.
El feminismo que mira a otro lado
El informe recoge una crítica explícita a sectores del feminismo internacional que han evitado confrontar la naturaleza de la crisis venezolana. Esa desconexión obliga a las defensoras a duplicar esfuerzos de incidencia y a sostener su trabajo con apoyos limitados o intermitentes.
La internacionalización sigue siendo una forma de protección, pero no siempre una garantía de comprensión.
El resultado es un activismo que opera bajo una lógica distinta. Ya no busca victorias inmediatas ni visibilidad masiva. Prioriza la preservación: de las personas, de los equipos, de la información. Documentar se convierte en una tarea central, no por su impacto presente, sino por su valor futuro.
Registrar abusos, archivar testimonios, construir memoria es la apuesta de fondo. En un entorno donde el Estado intenta imponer el silencio, la documentación funciona como una forma de resistencia diferida. No interrumpe el poder en el corto plazo, pero condiciona su relato en el largo.
Las defensoras trabajan en ese margen estrecho. Reducen su exposición para seguir activas. Se repliegan para no desaparecer. Ajustan su voz para no ser neutralizadas. El activismo, tal como se conocía, ha dejado de existir en Venezuela. En su lugar hay otra cosa: una red más discreta, más fragmentada, más cauta. Y, pese a todo, persistente.
Porque si algo deja claro el informe es que el objetivo ya no es solo resistir el presente. Es impedir que el futuro se construya sobre el olvido.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha señalado que la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para instalarse en el terreno del castigo familiar. Una tendencia que viola garantías fundamentales y amplía la represión más allá de quienes tienen actividad política directa.
La organización advierte que la capacidad de resistencia de estas mujeres no es ilimitada y que su trabajo requiere medidas de apoyo urgentes y diferenciadas. El informe concluye subrayando la importancia de su labor para preservar la memoria y la verdad:
“Mientras estas defensoras persistan en proteger y documentar la verdad, la esperanza no será una idea abstracta, sino una realidad custodiada por quienes se niegan a entregar el futuro al olvido”, afirman.
