By Crímenes de lesa humanidad cometidos antes y después de las elecciones del 28 de julio de 2024
Petición de Juristas Internacionales a la Corte Penal Internacional
Situación de la República Bolivariana de Venezuela I. Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional OTP-ICC. Crímenes de lesa humanidad cometidos en el período posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024
Nosotros, los abajo firmantes, respetuosamente nos dirigimos ante la honorable autoridad de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional OTP-ICC, considerando la situación en la República Bolivariana de Venezuela y la investigación en curso ‘Venezuela I’ llevada a cabo por este distinguido Tribunal, para informarle sobre los incidentes ocurridos en Venezuela en el período posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024.
Se han perpetrado numerosos crímenes de lesa humanidad, tal como se definen y tipifican en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, contra la indefensa población civil venezolana, especialmente líderes políticos, miembros de la oposición y civiles que han participado en manifestaciones pacíficas para exigir el respeto a la voluntad popular que eligió al embajador Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente del pueblo venezolan
Una victoria reconocida y anunciada por numerosos gobiernos e instituciones extranjeras, incluido el Centro Carter, una organización que observó el proceso, invitada por el propio gobierno venezolano, y que desconoce la transparencia y veracidad del resultado a favor de Nicolás Maduro.
Es importante destacar el reciente informe emitido por el Panel de Expertos de la ONU, que señala la falta de transparencia e integridad en la gestión de los resultados electorales en Venezuela. Dicho informe incluso menciona los recursos que se han intentado presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para tratar de suplir las competencias y deberes del Consejo Nacional Electoral, que hasta la fecha no ha cumplido con el deber de totalización, adjudicación, proclamación y debida acreditación de los resultados de las elecciones presidenciales ni ha exhibido las actas como muestra de transparencia y sostenibilidad electoral.
Preocupa sobremanera la represión que el gobierno de Nicolás Maduro continúa ejerciendo contra la población civil inocente y los líderes de la oposición, ya que ha dado lugar a la perpetración de crímenes de lesa humanidad, como se indica infra.
Los actos represivos y la escalada de violencia por parte del régimen de Caracas han sido recopilados, organizados, detallados y notificados formalmente a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en un gran número de casos presentados en los últimos días por abogados informantes bajo la figura del amicus curiae, así como por ONG, grupos de interés, activistas de derechos humanos y abogados en ejercicio ante este alto y honorable cuerpo.
Estos eventos se traducen en detenciones arbitrarias, tortura, violación (incluyendo a menores), ejecuciones sumarias, persecución política y hostigamiento, en medio de la mayor impunidad.
Informamos a esta Oficina de Justicia Penal Internacional, como ha sido debidamente documentado en numerosos testimonios y reportes de víctimas, que los crímenes de lesa humanidad mencionados han sido perpetrados por fuerzas policiales y de seguridad [Dirección General de Contrainteligencia Militar/DGCIM; Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas/CICPC; Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana/CONAS; Policía Nacional Bolivariana/PNB; Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional/SEBIN; Guardia Nacional Bolivariana/GNB]; miembros de las Fuerzas Armadas y por colectivos organizados (grupos paramilitares) dirigidos desde las más altas esferas del poder en el país, creando terror en la población.
Debemos agregar que entre las víctimas de estas atrocidades se encuentran menores, personas con discapacidad, indígenas y mujeres embarazadas, incluidas algunas adolescentes embarazadas.
Los venezolanos se enfrentan a una política de Estado criminal, claramente anunciada por el propio Nicolás Maduro en sus últimos discursos sobre la amenaza de un “baño de sangre” si no era reconocido como el ganador de las elecciones en cuestión, y a los actos criminales cometidos por los gobernadores de los estados de Táchira, Carabobo y Trujillo, así como por el autoproclamado fiscal de Venezuela, que anunció una “limpieza social” con más de 2.000 arrestos.
La responsabilidad penal internacional individual, tal como lo establece el Artículo 25 del Estatuto de Roma, es atribuible a la cadena de mando identificada en los múltiples informes de organismos internacionales [Ergo Panel de Expertos de la OEA, Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU], informes incidentales de víctimas, ONG y activistas de derechos humanos, y cuerpos de investigación, como Amnistía Internacional.
En el contexto de la crisis poselectoral, las declaraciones irresponsables de Nicolás Maduro ordenando a las fuerzas del orden y a los llamados ‘Comandos de Paz Comunitaria’ o colectivos a perseguir, detener y hostigar a los líderes de la oposición y a los ciudadanos que son miembros de los centros de votación o participantes en la campaña electoral en favor de la oposición.
Maduro, incluso, ha confesado en tono de intimidación y represalia que ha arrestado a más de 1.300 civiles, cuando en realidad las cifras que se han hecho públicas superan los 2.000.
Además, las acciones y omisiones del rector principal y otros rectores del Consejo Nacional Electoral son graves y ominosas debido a su contribución al fraude electoral continuado, a partir del cual se descartaron los verdaderos resultados.
Tras esta violación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos, se ha desencadenado en todo el país una escalada sistemática y cruel de represión en la que se cometen crímenes de lesa humanidad.
Por todo lo anterior y considerando que la Corte Penal Internacional no fue creada únicamente para sancionar tales crímenes, sino también para prevenirlos o evitarlos, solicitamos respetuosamente que su honorable oficina, en el ejercicio de los poderes conferidos por el Estatuto de Roma [artículos 25(3); 58; 91 et seq.], emita órdenes de comparecencia y de arresto en el marco de la investigación ‘Venezuela I’, teniendo en cuenta el principio de urgencia penal y detención preventiva, y activando la jurisdicción de la Sala de Cuestiones Preliminares para autorizar medidas coercitivas urgentes.
La continuación de la investigación ‘Venezuela I’ permite a la Oficina del Fiscal de esta honorable Corte Penal Internacional emitir medidas de alerta, comparecencia forzosa y aprehensión capaces de evitar la continuación de la perpetración de crímenes de lesa humanidad y proteger las vidas de los líderes políticos que han sido amenazados por el gobierno de Nicolás Maduro, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cuyas vidas están en grave y notorio peligro, considerando las graves amenazas y acciones contra ellos, así como la impunidad con la que actúan los perpetradores, protegidos por un Estado criminal.
Juramos sobre la urgencia del caso y la necesidad de proceder con prontitud con las correspondientes órdenes de arresto, comparecencias obligatorias o citaciones judiciales, así como con órdenes concurrentes de cooperación internacional, dentro del marco de las competencias de la Sala de Cuestiones Preliminares y la Oficina del Fiscal. La justicia es el mejor camino hacia la paz. Esperamos que se haga justicia en La Haya.
Respetuosamente:
| Camille Wagner Abogada Penalista – ex asistente del fiscal general en la Oficina del Fiscal General de D.C. (Estados Unidos) | Lourdes Flores Nano Abogada y Política – Catedrática Universitaria – ex presidenta del Partido Popular Cristiano y ex vicepresidenta de la Internacional Demócrata Cristiana (Perú) |
| Liz Patricia Benavides Vargas Abogada – Ex fiscal general de Perú (Perú) | Marta Lucía Ramírez Blanco Abogada y Política – Exvicepresidenta de Colombia, ministra de Defensa Nacional y Ministra de Relaciones Exteriores (Colombia) |
| María del Carmen Alva Prieto Abogada y Política – vicepresidenta por Perú en el Parlamento Latinoamericano (Perú) | Mónica Alejandra Roa Abogada (Colombia) |
| Paula María Bertol Abogada – Profesora de Derecho Internacional y ex embajadora ante la Organización de Estados Americanos (Argentina) | Rosario Fernández Figueroa Abogada y Política – Ex primera ministra y ministra de Justicia (Perú) |
| Antonio Ledezma Abogado – Ex alcalde metropolitano de Caracas (Venezuela) | Andrés Guerrero presidente de la Asociación de Juristas de Iberoamérica (España) |
| Aníbal Quiroga León Abogado Constitucionalista – Decano de la Facultad de Derecho y Humanidades en la Universidad César Vallejo (Perú) | Carmen Cecilia Pérez Santander Abogado Penalista – Ex directora de Prisiones (Venezuela) |
| Blas Jesús Imbroda Ortiz Abogado – Profesor de Derecho Penal y ex presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (España) | Claudio Sandoval Profesor de Derecho Internacional – Ex embajador en Honduras (Venezuela) |
| Didier Opertti Profesor emérito y ex ministro del Interior y ex ministro de Relaciones Exteriores (Uruguay) | Juan Carlos Gutiérrez Abogado de Derechos Humanos – Presidente del Instituto de Derechos Humanos de la World Jurist Association – Miembro de la Lista de Abogados de la Corte Penal Internacional (Venezuela) |
| Darío Richarte Abogado y Profesor de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) | Emmanuel Daoud Ex presidente de los Abogados ante la Corte Penal Internacional (Francia) |
| Ernesto Álvarez Miranda Abogado – Ex presidente del Tribunal Constitucional (Perú) | Edgard Genie Abogado – presidente en Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional (Nicaragua) |
| Francisco Bernate Abogado – presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia (Colombia) | Harold O.M. Rocha Profesor Adjunto de Derecho Internacional, Universidad de Wisconsin (Nicaragua) |
| Iván Cancino Abogado – Ex decano de la Universidad Autónoma de Colombia (Colombia) | Jesús Eduardo Troconis Heredia Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad Carlos III de Madrid (Venezuela) |
| Jorge Alfonso Alejandro del Gálvez Abogado y político – Ex primer ministro (Perú) | José Ugaz Sánchez-Moreno Abogado Penalista – Ex procurador especial para el Caso Fujimori/Montesinos y ex presidente de Transparencia Internacional (Perú) |
| José Bernard Pallais Arana Abogado, – Ex viceministro de Relaciones Exteriores y ex presidente Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional (Nicaragua) | Jaime Arrubla Abogado – Ex magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Colombia) |
| Luis Alfonso García-Corrochano Decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú) | Luis Javier Gonzales-Posada Eyzaguirre Abogado y político – Ex ministro de Justicia y Relaciones Exteriores (Perú) |
| Melitón Arrocha Abogado – Ex embajador de la Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas y Ex viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio e Industrias (Panamá) | Natale Amprimo Pla Abogado Constitucionalista – Ex alcalde de Lima (Perú) |
| Jaime Lombana Abogado penalista (Colombia) | Jaime Granados Peña Abogado Penalista – Miembro del Comité Redactor del Código de Procedimiento Penal de Colombia (Colombia) |
| Óscar Urviola Hani Abogado – Ex presidente del Tribunal Constitucional (Perú) | Óscar José Ricardo Maúrtua de Romaña Abogado – presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (Perú) |
| Paciano Padrón Abogado – vicepresidente del Comité Internacional Contra la Impunidad (Venezuela) | Paulo Abrão Abogado – Ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Brasil) |
| Robert Carmona-Borjas CEO – Arcadia Foundation y profesor de Derechos Humanos, Seguridad y Defensa (Venezuela) | Uriel Pineda Abogado – Consultor en Derechos Humanos (Nicaragua) |
| María Camila Avella Blanco Abogada – Experta en Derecho Internacional (Colombia) | Víctor Rodríguez Casanueva Ex secretario del Tribunal de Disputas de las Naciones Unidas (México) |
| Víctor García Toma Abogado – Ex presidente del Tribunal Constitucional y ministro de Justicia (Perú) | Víctor Mosquera Marín Abogado – director de la ONG Derechos & Justicia Asociados |
| William Cárdenas Rubio Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público – Presidente de COCIVEN (Venezuela) | Zair Mundaray Profesor de Derecho Internacional Penal y ex fiscal del Ministerio Público (Venezuela) |
| Diana Camila Latorre Ávila Abogada – Experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistemas de Protección (Colombia) | Cristian Javier Angulo León Abogado – Experto en derechos humanos (Colombia) |
| Erika Rojas Abogada – Experta en Derecho Penal (Colombia) | María Andrea Mosquera Anaya Abogada – Experta en Derecho Internacional (Colombia) |
| Alberto Páez Abogado Penalista (Colombia) | Daniel Felipe Taboada Abogado penalista (Colombia) |
