By La confiscación sin procedimiento de la vivienda de Laura Acosta, una colaboradora directa de María Corina Machado, expone un patrón de control sobre su entorno y desplaza la presión política hacia bienes y estructuras operativas de la oposición. La coerción no cesa.
La vivienda de Laura Acosta pasó de estar cerrada a estar ocupada por terceros en menos de un año. La secuencia incluye entrada forzada, control irregular y sustitución de bienes. Ese es el registro que documenta Vente Venezuela sobre la asistente personal de María Corina Machado en Caracas.
La organización denunció el 25 de febrero que funcionarios del Estado tomaron la propiedad sin orden judicial ni notificación formal. Sostiene que no existe expediente, acto administrativo ni procedimiento que respalde la ocupación.
Acosta forma parte del entorno de Machado desde 2004. Salió de Venezuela en septiembre de 2024 tras una orden de captura y meses de presiones, según su partido. Desde entonces, la vivienda quedó bajo el cuidado de terceros autorizados.
El 24 de marzo de 2025 se produjo la primera intervención. Una camioneta sin placas llegó con siete funcionarios. Forzaron la entrada e interrogaron durante horas a la persona encargada del inmueble, en presencia de un menor de edad. Al finalizar, los obligaron a salir y colocaron en la puerta un aviso con la palabra “asegurado”.
A partir de ese momento, la casa quedó bajo vigilancia irregular. De acuerdo con la denuncia, funcionarios sin identificación comenzaron a entrar y salir de la propiedad de forma recurrente. Algunos permanecían dentro durante la noche. No hubo comunicación oficial ni documentación pública que explicara esas acciones.
En febrero de 2026 se produjo el cambio definitivo de control. El aviso fue retirado. Días después, comenzaron a sacar muebles y enseres de la vivienda. Los vecinos, alertados por el movimiento, preguntaron qué ocurría. La respuesta que recibieron fue que se trataba de nuevos propietarios.
No existe registro público de transferencia, expropiación formal ni decisión judicial asociada al inmueble.
El punto central del caso es la ausencia de procedimiento. La Constitución venezolana limita la confiscación a bienes vinculados con actividades ilícitas y exige un proceso. Organizaciones jurídicas han reiterado que ese mecanismo requiere causa, investigación y decisión. Según Vente Venezuela, ninguno de esos elementos aparece en este caso.
El partido ubica el episodio dentro de un patrón de presión sobre el entorno de Machado. No se concentra en la figura principal, sino en quienes integran su estructura operativa.
En los días previos a esta denuncia, la dirigente Magalli Meda reportó la entrada de hombres armados en su vivienda en Caracas. Indicó que permanecieron durante horas dentro del inmueble y colocaron avisos similares: “incautado” y “asegurado”. La coincidencia de procedimientos refuerza la lectura de una práctica repetida.
El efecto es tangible: control de bienes privados asociados a actores políticos y desplazamiento de sus ocupantes.
Vente Venezuela califica lo ocurrido como represalia. Añade un elemento adicional: Acosta y su esposo tienen nacionalidad estadounidense y española por ascendencia. Con base en ello, el partido solicitó la intervención de ambos gobiernos.
El planteamiento apunta a la protección consular y a la verificación directa de los hechos en el lugar. También plantea que la actuación del Estado venezolano afecta intereses de ciudadanos de esos países. Hasta el momento no hay una respuesta oficial detallada sobre este caso específico.
El episodio ocurre en paralelo a mensajes del gobierno sobre apertura política y medidas de reconciliación. Entre ellas, la promoción de una Ley de Amnistía de alcance limitado. En ese mismo periodo se registran acciones sobre propiedades vinculadas a dirigentes opositores.
Los hechos descritos en el caso de Acosta siguen una secuencia definida: salida del país bajo presión, intervención de la vivienda sin documentación pública, control sostenido del inmueble y sustitución de ocupantes.
El resultado es la pérdida de control efectivo de la propiedad sin que exista un proceso visible que lo respalde.
El elemento verificable es concreto: no hay registro accesible de acto administrativo, expediente judicial o decisión que justifique la ocupación. Esa ausencia define el caso.
La consecuencia inmediata es la transferencia de control del inmueble a terceros. La de fondo es más amplia: modifica las condiciones en las que operan quienes forman parte de estructuras políticas opositoras.
La vivienda de Acosta ya no está bajo su control. Está en manos de otros ocupantes que se presentan como propietarios. Ese cambio se produjo sin que exista, hasta ahora, una explicación documentada dentro de los canales formales del Estado.
