Dos escritos presentados en Washington colocan un límite jurídico concreto: los ingresos del Estado venezolano retenidos en cuentas bajo custodia estadounidense solo pueden destinarse a fines públicos, gubernamentales o diplomáticos. Arcadia sostiene que financiar una defensa penal privada desborda ese marco y pide suspender cualquier autorización hasta que la Administración fije, por escrito, su criterio y su alcance.