El gobierno interino venezolano anunció una ley de amnistía en medio de excarcelaciones, tensiones diplomáticas y una recomposición forzada del poder tras la captura de Nicolás Maduro. La iniciativa, que excluye delitos comunes y graves violaciones de derechos humanos, reabre un debate histórico: quién decide qué es persecución política en un sistema judicial cuestionado y si el gesto marca un quiebre real o una maniobra táctica.