La observación y el acompañamiento electoral internacionales

Marzo 20/2018

La democracia exige elecciones libres y honestas, procesos transparentes, en el que los actores participen en igualdad de condiciones, sin ninguna discriminación. Los ciudadanos deben confiar en la organización del proceso por un órgano independiente e imparcial y en su realización justa que permita, en definitiva, que es lo esencial, que el resultado exprese la voluntad popular.

Las organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas y la OEA, se han empeñado en asistir, con su capacidad técnica, en la preparación y realización de estos procesos y en observarlos para garantizar que los mismos se ajusten a las normas internas de los países y a las normas internacionales.

El proceso electoral en Venezuela, convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido calificado por la mayoría de los gobiernos de la región y del mundo, como ilegítimo, pues contraría las normas nacionales y los estándares mínimos internacionales aplicable a estos procesos.

El gobierno ha solicitado a las Naciones Unidas, en particular, que “acompañe” el proceso lo que ha generado críticas y preocupaciones, en primer lugar, por el carácter y origen de la convocatoria y después, por cuanto las Naciones Unidas no estaría en capacidad de garantizar la pulcritud de este proceso electoral ya que no ha participado ni revisado los procedimientos previos a la elección, prevista para el 20 de mayo.

La observación internacional no se concibe para legitimar procesos irregulares, sino para garantizar su transparencia, su honestidad. De allí que la ONU tenga dificultades en observar este “proceso” lo que en cualquier caso no depende del Secretario General, sino del mandato que le otorgue el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de la Organización.

Es preocupante que no se tomen las medidas necesarias para garantizar la independencia e imparcialidad del ente electoral, que no se publiquen los registros electorales. En pocas palabras que no se conozca la organización del “proceso” y que no se permita, la participación de millones de venezolanos que residen en el exterior, desplazados por la crisis que ha sumergido al país en una situación catastrófica que ha generado una profunda preocupación en la comunidad internacional, lo que sin duda impide el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos.

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