Arcadia Foundation

Mercelo Chimirri, former General Manager of Hondutel, (originally accused by the Arcadia Foundation’s Robert Carmona-Borjas) was today found guilty of abuse of power to the detriment of public administration. The Judges further disallowed  Chimirri from running for office for 8 years.  Chimirri was charged with a ’special disablement’ annotation, which means that he cannot make any civil action for up to eight years while serving his sentence in prison.  These are just some of the charges he has had to face.

Chimirri is most notably the nephew of former Honduran President Manuel Zelaya, whose regime was notorious for corruption. This latest action may speak to the newfound adherence to rule of law that had long been absent in Honduras.

The following article (in Spanish) from El Heraldo further documents the sentencing of Chimirri. We congratulate Professor Carmona-Borjas for leading the charge on behalf of our Foundation and curbing corruption where it was most prevalent in a nation on the road to political transparency.

A cuatro años de reclusión fue condenado Marcelo Antonio Chimirri Castro, ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Después de haber suspendido la lectura de la individualización de la pena en dos ocasiones las jueces de la sala Cuarta del Tribunal de Sentencia, la tarde de ayer notificaron al Ministerio Público y a la defensa del ex funcionario de la resolución que tomó dicho tribunal.

La condena contra Chimirri fue dictada por las jueces: Julissa Aguilar, Rosaminda Vélasquez y Jocelyn Donaire, quienes en la resolución resolvieron condenar a Marcelo Chimirri por encontrarlo culpable.

Se le encuentra “como responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública a la pena principal de cuatro años (4) de reclusión”, reza la referida resolución.

Además de esa condena, Chimirri también fue condenado a la pena principal por inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la condena principal de reclusión, es decir, ocho (8) años y a la pena accesoria de interdicción civil por el tiempo de cuatro años, de duración de la pena de reclusión.

Con esta condena, Chimirri no podrá celebrar ningún acto o contrato de índole civil.

El ex gerente de Hondutel fue acusado por la Fiscalía Contra la Corrupción al haber contratado los servicios profesionales de dos bufetes de abogados para que se encargaran de la defensa de Luis Arriaga, ex jefe de la línea 193, por lo que se suscribió un contrato por la cantidad de un millón 125 mil lempiras, de los cuales solo se canceló la mitad.

Otro de los contratos celebrados con otro grupo de abogados fue por la defensa de Óscar Danilo Santos, ex asesor legal de la estatal telefónica, por el cual se pagaría la cantidad de dos millones 250 mi lempiras, de lo cual también solo se pago la mitad de lo acordado.

Ambos ex empleados de Hondutel fueron acusados de violación y revelación de secretos políticos al haber grabado y difundido en el Internet conversaciones entre el ex presidente Manuel Zelaya con varios ministros.

A trabajar en la PN

Desde que llegó a la Penitenciaría Nacional, Chimirri no había sido obligado a hacer nada por tratar de reparar el daño que causó a las finanzas de Hondutel. Sin embargo, ayer las jueces decidieron que Chimirri tendrá que trabajar en prisión en obras públicas o en labores dentro de la cárcel.

Con esta decisión el ex funcionario tendrá que trabajar junto a los demás reclusos, por lo que ya no permanecerá encerrado en su celda, sino que estará obligado a relacionarse con el resto de reos.

La pena de cuatro años en otros casos es conmutable a cambio de un pago de diez lempiras por cada día que dure la condena pero una fuente manifestó que en el caso de Chimirri este beneficio no le abarca debido a que, él está recluido por otro caso , por lo que deberá cumplir con la condena.

Mientras se daba a conocer la condena de Chimirri, el presidente de la Corte Suprema de Justicia expresó en un evento del Poder Judicial que, se analizan reformas al Código Procesal Penal, una de ellas referida a que, si la condena es menor a cinco años una parte pueda ser conmutada y otra que la pague en prisión.

Por su parte, la defensa de Chimirri aseguró que presentarán un recurso de casación respecto a la condena donde ellos solicitaban que el ex gerente de Hondutel fuera condenado a la pena mínima de tres años y al mismo tiempo se le concediera el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena (conmutar).

Cuando salía de la CSJ, Chimirri, denunció que ha sido objeto de amenazas a muerte por parte de las autoridades del recinto penitenciario. “Estoy amenazado de muerte por el director de la PN, él me dijo que yo no iba a salir vivo de ahí”, aseguró.

EL HERALDO trató de contactarse en varias ocasiones con el comisario Bustillo, director de la Penitenciaría, para que aclarara la acusación que le hace Chimirri, pero fue imposible.

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